Informe de la Policía Fiscal y Aduanera entregado a Coljuegos

Investigan en Colombia posibles extorsiones de agentes policiales en operativos contra el juego ilegal

Este año la Policía colombiana incautó 500 máquinas tragamonedas y monitorea 29 máquinas que ingresaron en los últimos días al país.
01-11-2018
Tiempo de lectura 1:24 min
En el documento se hace énfasis en presuntos comportamientos inadecuados por parte de algunos efectivos policiales que estarían exigiendo sobornos de dueños de casinos y centros de apuestas para no cerrarles sus establecimiento por no contar con la documentación legal.

El director de la Policía Fiscal y Aduanera, Juan Carlos Buitrago, entregó detalles a RCN Radio del informe que le suministró a Coljuegos en el marco de las estrategias que llevan a cabo para frenar la operación de juegos de azar ilegales en el país.

“Hemos recibido denuncias de propietarios y casinos sobre prácticas inadecuadas de funcionarios. Les dijimos que la Inspección General está dispuesta a tomar las medidas para eliminar los brotes corrupción de la institución sin ningún tipo de dilación”, detalló el general.

Agregó que desde la institución se notificará a instancias ordinarias para que adelanten las investigaciones de estas conductas. “Para este caso en particular estamos recibiendo las denuncias de los empresarios e iniciando las investigaciones a cargo de la Inspección General y la Fiscalía General", destacó.

En el reporte también se indica que este año la Policía incautó 500 máquinas tragamonedas y monitorea 29 máquinas que ingresaron en los últimos días al país, mientras se conoció que “los principales abastecedores de estos dispositivos son los chinos”, por lo que se trabaja para reforzar los controles.

En el documento que otorgó la Policía a Coljuegos asegura que un grupo especial de la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional) bloqueó este año 1800 páginas web relacionadas con juegos de azar o competencia desleal.

Para evitar la operación de juegos de azar ilegales, las autoridades revisaron más de 80 mil máquinas tragamonedas y empezaron a marcarlas con un código especial para que no sean adulteradas, ya que se inspeccionaron 2300 establecimientos en 368 municipios de 29 departamentos.

Aquellas personas que promuevan estas máquinas y operaciones tendrán una pena de seis a ocho años de cárcel con una multa de 63 millones de pesos. En 2018 se detuvo a 33 personas y se emitieron ocho condenas por explotación ilícita del monopolio.

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