El 17 de octubre, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto 621 que modifica artículos de la Ley 51 e incrementa las pensiones a los jubilados y pensionados, y que ahora deberá ser enviado al Órgano Ejecutivo para que sea aprobado o rechazado.
Para financiar el aumento de pensiones hasta un máximo de 1.500 dólares, se contemplan el gravamen de 7% a los envíos de remesas y un impuesto del 5% a la ganancia neta de máquinas tragamonedas y centros de apuestas.
Esta decisión ya generó el rechazo de varios gremios, entre ellos la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que también pedirá el veto presidencial.
Yelitza Amador declaró en Noticias AM, del canal local TVN, que están sorprendidos porque cuando el proyecto pasó a segundo debate, no tenía esas valoraciones contempladas. “Me sorprende que tomen decisiones a la ligera. Por todos es sabido que los casinos están pasando por una situación bastante difícil”, sostuvo.
La dirigente señaló que se produjeron miles de despidos (se calculan más de 6 mil puestos perdidos en los últimos tres años) y la economía no está funcionando para esta industria, porque se redujo el nivel de apuesta.
“Esto no tiene que ver con si a las personas les gusta o no lo que es el juego de azar, esto es un tema de que las personas tienen derecho a decidir si les gusta el hipódromo, la lotería o los juegos de azar. Es un tema de seguridad jurídica, de los contratos existentes con el Estado y de saldar lo que la industria ya aporta”, enfatizó.
Amador precisó que de cada dólar apostado se devuelve 0,93 centavos en premios y estima que los 7 centavos restantes son para pagar el 18% de pase de participación al Estado, salarios, deudas de inversiones y Caja de Seguro Social.
Asimismo, aseguró que de la ley anterior de ajuste a los salarios sancionada en 2015 salen aportes de los casinos (5,5% recaudado de los clientes). “Estamos ahorcando a la industria”, definió. Observó que la industria era fuerte y se fue debilitando con todos estos ajustes, y aclaró que no se oponen al aumento a los jubilados, pero advierten que no es la forma correcta.