"Me han demandado muchas veces, que me sigan demandando. Voy a seguir protegiendo a la comunidad, por lo tanto la tolerancia cero se mantiene", aseguró el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, y agregó que perseguirá penalmente a quienes hayan persistido en reabrirlos sin autorización judicial.
Por su parte, Renán Cabezas, encargado de la Oficina Municipal de Seguridad, observó que “más que una clausura se trata de una reclausura, ya que todos ellos habían sido cerrados un par de días antes”. También explicó que absolutamente todos los locales de máquinas que hay en Chillán están funcionando sin la patente comercial que permita esa actividad, por lo tanto, están todos nominalmente clausurados. Pese a lo anterior, siguen reabriendo porque, aseguran en la municipalidad, prefieren pagar la multa en el Juzgado de Policía Local que perder un día de trabajo.
Por esa razón es que el municipio está derivando todos estos casos al Ministerio Público desde principios de 2018, a través de una declaración de incompetencia del Juzgado de Policía Local, dado que la rotura de sellos es un delito penado por la ley y no sólo una normativa municipal, cuya falta solo se castiga con multas.
“La experiencia del año pasado fue clara y contundente, se condenó a todas las personas que fueron formalizadas por rotura de sellos y la idea del municipio es seguir con esta tarea adelante, ya que estamos decididos a ponerle fin a esta actividad no autorizada en la comuna”, advirtió Cabezas.
La última ronda de fiscalizaciones estuvo en manos de Carabineros de la Patrulla de Tránsito, el Servicio de Impuestos Internos y la Inspección Municipal, quienes cursaron un total de 20 infracciones. “Nosotros, como Carabineros, cursamos ocho infracciones por Ley de Patentes, ya que algunos no tenían patente de nada, otros de cibercafé, o para utilizar máquinas como pelucheras, pool y billar, pero no para el uso de este tipo de máquinas”, explicó el suboficial Claudio Parra, de la Patrulla de Tránsito de la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán.
En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos detectó problemas de orden tributarios, específicamente en la emisión y correlación de las boletas, mientras que Inspección Municipal multó a seis locatarios por el delito de rotura de sellos.
“Carabineros ya está trabajando para conseguir, a través del Ministerio Público, una orden que nos permita hacer el retiro de las máquinas, ya que es claro que en la medida que no se incauten, los locatarios seguirán incurriendo en rotura de sellos”, sostuvo Parra.
Durante el año 2017, el Ministerio Público, con el fiscal Mauricio Mieres a la cabeza, lideró un proceso de persecución penal que significó la detención de ocho personas, la clausura de seis locales, y una condena por rotura de sellos en contra de seis de ellos.
De todas formas, no hubo detenidos en las últimas concurrencias policiales. Como consecuencia de lo anterior, es que ya desde el domingo podían verse tres de los cinco locales clausurados abiertos al público.
Con información del diario La Discusión de Chile.