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25 de Octubre de 2020

El Consejo de Control de Actividades Financieras apoya la idea

La legalización del juego en Brasil implicaría la creación de un nuevo órgano regulador

La legalización del juego en Brasil implicaría la creación de un nuevo órgano regulador
De los proyectos que analizan tanto diputados como senadores se desprende la necesidad de la creación de una nueva entidad que regule y fiscalice la nueva industria del juego en Brasil.
Brasil | 16/08/2016

De los proyectos que analizan tanto diputados como senadores se desprende la necesidad de la creación de una nueva entidad que regule y fiscalice la nueva industria del juego en Brasil.

E

l proyecto que propone la legalización del juego, el cual se votará próximamente en una Comisión Especial de Diputados, menciona la creación de un nuevo organismo mediante una ley creada por la Unión. Otro texto, en análisis en una Comisión del Senado, establece que la fiscalización es responsabilidad de la Unión, pero no define qué organismo haría el trabajo, según explica un artículo publicado por Folha de S.Paulo.

Quien controla las actividades financieras y trabaja en la prevención del lavado de activos argumenta que para prevenir los crímenes derivados de la legalización del juego, actividad considerada de alto riesgo, hay que pensar en la creación de un órgano de fiscalización especializado.

“Hoy no existe (este organismo especializado de fiscalización). Habría que crearlo. Habría que establecer una especie de 'Banco Central del Juego', una nueva entidad, sólida, blindada, que cuente con mecanismos para evitar que la situación de descontrole”, expresó Antonio Gustavo Rodrigues, presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) del Ministerio de Finanzas.

Ni COAF ni el fisco están en condiciones ni tienen la competencia para encarar tal labor. “Si quieren jugar, háganlo bien”, argumentó.

La necesidad de que el control esté a cargo de un organismo especializado también fue destacada por la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero (ENCCLA), foro que reúne a los tres poderes del Estado.

Teniendo en cuenta el propósito de reducir el gasto público en los próximos años, hay quienes dudan de que ampliar la estructura del Estado sea viable.

“Brasil, con la actualidad de su servicio público, tiene otras demandas que atender. No creo que esto sea prioritario”, expresó Peterson de Paula, secretario de relaciones institucionales de la Procuraduría General de la Unión. Este ente se opone a la legalización del juego.

Para el impulsor del proyecto de Diputados, Guilherme Mussi (PP-SP), la relación entre el juego legal y los crímenes es un mito. Mussi indicó que no tiene forma de medir el costo de la creación de un organismo regulador, pero aseguró que será "infinitamente" menor a la rentabilidad que generará el juego.

Carga impositiva
El texto del Senado estipula una tasa que cubra los costos de la fiscalización. Aunque menciona una “fuerte fiscalización”, el senador Fernando Bezerra (PSB-PE) no indica de qué manera se aplicaría.

“La supervisión, regulación y fiscalización de las actividades relacionadas a los juegos de azar será competencia de las agencias federales responsables, las cuales serán designadas por el Ministerio de Hacienda. La Caixa tendrá el papel de operador”, expresó el senador en el texto.

La incertidumbre acerca de la capacidad del Estado para supervisar la actividad fue uno de los argumentos utilizados en 2010 para que Diputados no votara a favor de la legalización y termine retirando el proyecto.

El Gobierno ve con buenos ojos la legalización. Cree que estimulará el turismo y ayudará con la recuperación de la economía.

Quienes se oponen argumentan que favorecerá el lavado de dinero procedente de la corrupción y el tráfico de drogas. Algunos mencionan también el hecho de se fomentará una práctica que puede ser adictiva.

“El juego nunca viene solo, siempre está mal acompañado: tráfico de drogas, lavado de dinero y explotación de mujeres”, comentó Paulo Fernando Melo del movimiento Brasil Sin Azar, que intenta frenar la aprobación del proyecto.

El líder del gobierno en Diputados, Andrew Moura (PSC-SE) no cree que el proyecto se vote en breve. “En período electoral, este tipo de debate no tiene lugar en la Cámara”, afirmó.

Asegura que la economía sigue siendo la prioridad en la agenda del Gobierno en el Congreso. Además, señaló: "El Senado ya está tratando un proyecto, y nosotros tenemos otro completamente diferente. Es una clara demostración de que el asunto es objeto de controversia”.

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