En la reunión estuvieron presentes Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos); Juan Andrés Carreño, presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos); empresarios miembros de la junta directiva; Juan Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos; Federico Núñez, jefe jurídico; Cecilia Ocampo, gerente de Proceso de Control de las Operaciones Ilegales; y Fabián Álvarez, asesor del presidente de la entidad.
Sobre la ampliación del cronograma de conexión en línea para el 40% restante de las MET, la junta directiva presentó a los funcionarios los argumentos que soportan la realidad de que existe un gran porcentaje de máquinas que no se podrán conectar, como ya se ha explicado ampliamente en diversos documentos radicados en la entidad por los gremios. Ante este asunto, Coljuegos comunicó que realizará un estudio que permitirá establecer con claridad el tamaño del parque de máquinas tragamonedas que podrá conectarse y transmitir de acuerdo a la normatividad.
Por otro lado, Núñez manifestó que el equipo jurídico está estudiando cuidadosamente el cálculo de la tarifa de derechos de explotación, el cual se ha convertido en un punto crítico para los concesionarios de casinos y bingos por cuanto no refleja la realidad operativa de las máquinas.
Acerca del concepto previo, Coljuegos se comprometió con los gremios a revisar la posibilidad de eliminar este requisito para otorgar contratos de explotación, puesto que en opinión del presidente de Coljuegos el certificado de uso del suelo sería suficiente, sin embargo esta propuesta también deberá ser evaluada con detenimiento.
Respecto a la lucha contra la ilegalidad, la cual está en manos de Ocampo, Juan Pérez Hidalgo informó que la entidad está gestionando un acuerdo entre la Policía y Coljuegos para que los comandantes de los municipios tengan la facultad de verificar que los establecimientos de juegos de suerte y azar localizados que operen en su zona tengan el permiso correspondiente de Coljuegos y, en caso de que no los tengan, estarán en el deber de informar a la entidad.
Este abordaje fue recibido con cautela por los gremios puesto que podría prestarse para cohecho y dar pie a una posible extralimitación de funciones por parte de los funcionarios de la Policía. Por lo tanto, Montero ofreció el concurso de Fecoljuegos para capacitar a la Policía sobre los documentos a solicitar a casinos y bingos en caso de una eventual visita de control, tal como le fue propuesto a la Policía Fiscal y Aduanera.
Finalmente, frente a las actuaciones administrativas, Coljuegos se comprometió a no abrir procesos por infracciones menores y propone reemplazarlos por planes de mejoramiento, es decir, que los operadores presenten ante la entidad un compromiso de mejora que subsane dichas infracciones.