Edición Latinoamérica
21 de Septiembre de 2020

Según un informe del Comité de Desarrollo de la Compañia de la Industria del Turismo

Cierran salas de juego en Puerto Rico por la proliferación de tragamonedas ilegales

(Puerto Rico).- De acuerdo con el informe final sobre las salas de juego de Puerto Rico, publicadas por el Comité de Desarrollo de la Compañía de la Industria del Turismo (PRTC), la proliferación de máquinas tragamonedas ilegales, la difícil situación económica y la rigidez de la ley que rige el sector, determinaron que muchos establecimientos cesarán su actividad.

E

n el año fiscal 2012, la PRTC que supervisa la industria del juego, recibió alrededor del 73% de su presupuesto total de ingresos generados por los casinos legales en toda la isla (más de U$S 73,8 millones), sobre una estimación total de más de U$S 100 millones.

Sin embargo, la Compañía de Turismo informó que de marzo a diciembre del 2012, hubo una disminución de cerca de U$S 1,9 millones en ingresos, debido a los cierres de El Conquistador Resort en Fajardo, Gran Melia Resort en Río Grande y el Centro de Convenciones Pichi en Guayanilla. El cierre de los tres casinos se tradujo en la pérdida de 200 puestos de trabajo directos y unos 300 empleos indirectos, de acuerdo al informe de la PRTC.

Desde el 2005, hubo un aumento exponencial de máquinas tragamonedas ilegales en Puerto Rico, con expertos de la industria alegando que esta expansión se tradujo en el decrecimiento de los ingresos del casino. 

Spectrum Gaming Group realizó un estudio para la PRTC, concluyendo que la eliminación de las máquinas tragamonedas de los casinos ilegales podría aumentar los ingresos en alrededor del 58%. Como resultado, las entidades gubernamentales que reciben ingresos de los casinos, como la Compañía de Turismo, la Universidad de Puerto Rico (UPR), y otros fondos generales, se beneficiarían en gran medida.

La Ley 221 del 15 de mayo 1948 dio a la PRTC la autoridad para supervisar la inspección y la gestión de todas las operaciones relacionadas con la industria de los juegos de azar, incluidas las máquinas tragamonedas. El organismo tiene la responsabilidad de regular los tipos de actividades que se realizan dentro salas de juego o casinos, establecer la supervisión sobre los operadores, ofrecer servicios a usuarios de casinos, y aprobar y cobrar los ingresos de las máquinas tragamonedas.

Como parte de los resultados del informe de la PRTC, relacionado con el cierre sistemático de los casinos, en 2011-2012, la Compañía de Turismo creó un grupo de trabajo para llevar a cabo redadas en los establecimientos con máquinas tragamonedas ilegales. Cuando se llevaron a cabo estas intervenciones, se produjo un efecto inmediato de aumento de los ingresos por el juego de más de U$S 5,88 millones, pero cuando estos procedimientos cesaron, hubo una disminución correspondiente en los ingresos de los casinos.

LXR Luxury Resorts & Hotels, una marca que posee complejos de lujo, hoteles, spa, clubes de golf y yacht clubes en Estados Unidos, Puerto Rico y el Caribe, sostuvo que las máquinas tragamonedas ilegales representan una competencia desleal para los casinos. Entre otros requisitos estrictos, se requieren inversiones millonarias para hacer casinos, deben funcionar como parte de un hotel y cumplir con requisitos adicionales, y son auditados de forma similar a las instituciones financieras, de acuerdo con la legislación federal y local.

Otro factor que dificulta el desarrollo de casinos en la isla, de acuerdo con LXR, es la falta de flexibilidad de las regulaciones, que no permiten a los casinos adaptarse a las incertidumbres económicas que enfrentan. "Permitir a las máquinas tragamonedas ilegales operar en Puerto Rico, podría provocar el incumplimiento de las emisiones debidas por un importe de 468,8 millones de dólares para la Autoridad del Distrito de Centros de Convenciones, y U$S 546.150 millones para la Universidad de Puerto Rico", dijo LXR, citado en el informe.

Los casinos deben cumplir una serie de requisitos como pagar los sueldos de los inspectores del gobierno que están presentes en el casino en todo momento, el pago de un canon anual de 200.000 dólares, cumplir con las leyes federales de lavado de dinero, someterse a las evaluaciones del gobierno federal, mantener un registro de los apostadores compulsivos, enviar datos en referencia a los visitantes con problemas de juego a las autoridades gubernamentales pertinentes, proporcionar capacitación a los empleados para identificar a los jugadores compulsivos o visitantes intoxicados, y estar bajo constante escrutinio de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de (OCIF).

En marcado contraste, el juego ilegal no se enfrenta a ninguno de estos requisitos. Mientras tanto, la Asociación de Turismo y Hoteles declaró que la erradicación de las máquinas tragamonedas ilegales podría generar U$S 180 millones al año para el Gobierno, según cita el informe.

Aunque la Universidad recibe la mayor cantidad de ingresos provenientes de las máquinas de juego de los casinos, la EPR no participó en ninguna de las audiencias de la Cámara. Las cifras oficiales muestran que las tragamonedas del casino representan U$S 70,8 millones del presupuesto de la UPR para el año fiscal 2012.

El comité de la Cámara dio una serie de recomendaciones, entre ellas, la derogación de la Ley 22 del 1997, que autorizaba las máquinas de entretenimiento para adultos; establecer una política clara y precisa con respecto a los tipos de juegos autorizados en Puerto Rico; adaptar las leyes y reglamentos de los casinos para que puedan adaptarse a operaciones complejas; OCIF modificar la ley de OCIF para que pueda regular las empresas que tienen máquinas de juego, incluso si no son clasificadas como casinos; permitir hacer publicidad a los casinos; hacer la operación de juegos de mesa más flexible: y establecer una política clara sobre el juego en Internet.

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