Según el Contralor Carlos Vallarino, los contratos de administración y operación de estos casinos, en el primer caso, entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la sociedad Alta Cordillera S.A.; y en el segundo caso, entre el MEF y Princess Entertainment Panamá, Inc. no han sido aún refrendados.
En ese sentido, en una carta enviada a la directora general de Aduanas, Vilma de Luca, el contralor pide que se le informe si se han introducido en el país máquinas tragamonedas tipo A para operar ambos casinos y en caso afirmativo, con qué declaraciones de aduanas se hicieron, así como el número y fecha de éstas.
En la misiva, Vallarino también solicita que se realice una investigación tendiente a determinar si en los casos antes indicados se ha incurrido en alguna contravención o infracción aduanera y que se informe su resultado.
Igualmente, el contralor envió una carta al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para pedirle que se investigue si la Junta de Control de Juegos, a quien corresponde fiscalizar, controlar, vigilar, prevenir, investigar e inspeccionar la explotación de los juegos de suerte y azar, está percibiendo ingresos por razón de la operación de mencionado casino, lo que infringe las disposiciones constitucionales y legales.
En el documento, el contralor también pide que se le informe sobre las acciones que ha adoptado la Junta de Control de Juegos frente a las irregularidades señaladas.