Edición Latinoamérica
14 de Julio de 2020

Extorsionan a dueños de tragamonedas ilegales

Colombia: operadores denuncian que existe una empresa paralela a Etesa

(Colombia).- "En Colombia hay una Etesa (Empresa Territorial para la Salud, que regula y vigila juegos de azar) y una Etesita. La segunda, la paralela, hace trámites a mitad de precio y la plata se va al bolsillo de una red coordinada por un puñado de delegados regionales. "También está metido un alto funcionario de Bogotá y se escudan en un senador para presionar los pagos", aseguran los operadores.

E

ste fue el preámbulo de la denuncia que un grupo de operadores de casinos y locales decidieron hacer al diario colombiano El Tiempo. Luego, procedieron a dar nombres de los implicados, interceptaciones en las que hablan y detalles de cómo opera la millonaria estafa.

"Etesa cobra 150 mil pesos (U$S 66,07) al mes por la explotación de una máquina tragamonedas -explican- y Etesita 60 mil (U$S 26,42) por dejar trabajar a una clandestina. Y piden 50 millones (U$S 22.023) por no denunciar a los ilegales ni sellarles los locales".

Ahí está parte del gran negocio: cifras oficiales indican que hay 72 mil tragamonedas legales y 14 mil ilegales. Pero los operadores dicen que las clandestinas suman 50 mil y generan pérdidas por cerca de 100 mil millones (U$S 44.047.004) anuales.

Y este no es el único juego oscuro en Etesa. Hay denuncias en torno a la asignación de apuestas hípicas y a la doble cesión del contrato del Astro Millonario que en 2000 se le entregó a Juegos de Azar Inversiones, firma de la que era socio el narcotraficante José María Ortiz, quien también alcanzó a tener el visto bueno para un hipódromo en Cota (Cundinamarca).

Ambos casos son indagados por petición del senador Javier Cáceres, cuyas denuncias, dice, prueban dos cosas: que Etesa no es su fortín burocrático, aunque es amigo de su presidenta, Mery Luz Londoño; y que nada tiene que ver con lo que allí sucede, aunque algunos cobros ilegales se hacen usando su nombre.

Esto pasa, según denuncias, en Bolívar (en donde quieren imponer a una cuota de una parlamentaria), en Bogotá y en la regional Norte de Santander-Cesar.

Esta última está a cargo del delegado Jaime Román Miranda Quintero, administrador recién graduado, de 25 años y 5 millones (U$S 2.202) de sueldo, que firmó contrato con Etesa en febrero y que llegó allí -según dijo- tras buscar al anterior delegado, Alexander Gómez Stevenson, para pedirle detalles de la convocatoria pública.

Gómez Stevenson es un viejo amigo de la presidenta de Etesa, a quien ella llevó a la entidad luego de que la acompañara en su fallida aspiración a la Alcaldía de Cartagena (2005) y de que él perdiera en las elecciones al concejo.

Además, es el padre de la novia de su sucesor (Miranda) y, según el Gaula, responsable de exigir 25 millones (U$S 11.011) a operadores ilegales. Por eso, lleva dos meses preso en La Modelo de Bucaramanga.

"No tengo nada que ocultar. Mi gestión es excelente -dice Miranda-. No he recibido ni exigido dinero. Es posible que sean ataques porque preparo un operativo contra ilegales. Tengo funciones de policía judicial y voy a investigar qué pasa. Mi noviazgo con Vanessa Gómez fue posterior a mi nombramiento".La directora de Etesa -a quien el Gobierno le aceptó la renuncia este martes- reconoce su cercanía con el detenido. Y explica que si no lo ha denunciado penalmente, es porque le aconsejaron que era mejor hacerse parte dentro del proceso existente, trámite que cumplió el jueves, casi dos meses después de la captura y luego de que el diario El Tiempo iniciara esta investigación.

También dice que no sabía que el nuevo delegado tuviera nexos con el detenido y que no es la primera vez que le dicen que desconocidos piden plata a su nombre o al del senador. La Unidad Investigativa intentó sin suerte ubicar a Gómez Stevenson para conocer su versión. No obstante, se supo que su defensa pidió que se anule su captura por vicios de fondo y forma.

Pero es posible que una serie de interceptaciones, hechas por el DAS, aclaren este y otros casos en Etesa. En una de ellas -del 8 de abril- se escucha a una mujer alertando a los implicados de que los tienen interceptados: "La doctora está enferma. El DAS está oyendo. Arriba no saben, pero los mandos medios sí. Hay que hablar con el asesor". Aunque el DAS no quiso hacer comentarios, se sabe que pronto habrá capturas.

Para sanear a Etesa, el Gobierno se la encargó el martes a Mario Aranguren, jefe de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), quien alcanzó a hacer una inspección. Pero Aranguren acaba de renunciar a ambos encargos para que se indague con libertad su presunta participación en los seguimientos ilegales del DAS.

Por eso, Etesa, que maneja 255 mil millones (U$S 112.319.860) de presupuesto anual, está acéfala. En la reciente reunión de la bancada uribista, el senador de Cambio Radical Javier Cáceres le dijo al presidente Uribe que reiteraba públicamente que Etesa no era uno de sus fortines y que si bien la presidenta era su amiga, no era su cuota.

Cáceres también reiteró que ha sido el primero en pedir que se investigue qué pasa en esa entidad. El 30 de marzo le solicitó a la Fiscalía indagar la licitación de apuestas hípicas, que su amiga Mery Luz Londoño declaró desierta, y la doble cesión del contrato del Super Astro Millonario aprobada por la administración de Londoño.

Antes de que fuera pedido en extradición José María Ortíz, el narco socio de la firma Juegos de Azar (dueña del contrato) se le traspasó a Apuestas en Línea y luego a Inversiones Jaime Esparza Renahls (Jer S.A.), por un supuesto lío de trámite con la primera cesionaria. Pero hoy, Apuestas en Línea pide que se le devuelva el negocio que al año puede generar dividendos por 1.800 millones de pesos (U$S 792.846).

Además, Cáceres, que reconoce tener un par de amigos trabajando en Etesa, le pidió a la Corte Suprema desde febrero del 2008 que indagara anónimos que lo relacionan con el manejo turbio de juegos de azar. El senador envió las constancias de las denuncias a El  Tiempo.

Mery Luz Londoño llegó en el 2006 a Etesa y de inmediato denunció la corrupción con las tragamonedas, la presencia de grupos ilegales en el negocio, a través de "Etesas paralelas" y su responsabilidad en el asesinato de dos funcionarios.

"Renuncio porque Etesa desgasta y amenazaron a mi familia, aunque creo que las medidas que ha tomado el Gobierno funcionarán", dice y agrega que, además de entregarle datos clave al DAS y a la Fiscalía, denunció a delegados -Líder Rivera, Marghori Mejía y José Viveros- y canceló contratos en Bogotá por no arrojar resultados en el control de la ilegalidad. "No me extraña que pidan plata a mi nombre o de Cáceres -dice-. Que investiguen. Me voy tranquila".

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