Edición Latinoamérica
23 de Junio de 2021

España

Los expedientes contra el juego ilegal en Galicia se disparan un 52% en un año

(España).- Entre las cantidades que se lleva el sector privado y las que acumulan los juegos de gestión pública, como las loterías, Galicia mueve al año más de 1.200 millones de euros en un sector en el que para operar es indispensable una autorización administrativa del Gobierno central, la Organización Nacional de Ciegos o de la Xunta.

L

a proliferación de las partidas de cartas a puerta cerrada y con apuestas de por medio o los conocidos como bingos sociales pusieron en jaque al servicio de inspección del área de espectáculos de la policía autonómica, que en 2007 sufrió una profunda reestructuración con la que la Consellería de Presidencia pretendía reforzar su labor. Un año después, los expedientes sancionadores se han disparado un 52% hasta 252. Hay más casos, más denuncias, pero también más vigilancia.

 

Por las manos de la Subdirección Xeral de Xogo pasaron durante 2008 más de 3.700 expedientes relacionados con el sector, frente a los 1.890 del ejercicio anterior. Entre ellos hay más de un centenar con solicitud de informes sobre las instalaciones, la publicidad que realizan los establecimientos de azar y su recaudación; otros 150 para iniciar los trámites de autorización para tómbolas y rifas; 64 para homologar máquinas recreativas. Y así una larga lista en la que destacan los 252 destinados a imponer una sanción y 16 certificaciones por vía ejecutiva con apremio.

 

No todas las investigaciones acaban con una multa. De los más de 3.700 expedientes gestionados por Presidencia el pasado año, 157 acabaron en archivo, en otros 23 fueron necesarias actuaciones complementarias, 16 fueron remitidos a los tribunales, 32 recurridos y tres se suspendieron por orden judicial.

 

El repertorio de negocios de juego que no cumplen con la normativa es, según fuentes de Presidencia, largo y variado, aunque destacan por encima de todos los controles sobre las máquinas recreativas para acreditar que están dadas de alta y si el permiso está todavía en vigor o ha caducado; las visitas a bingos y casinos para comprobar que efectivamente cumplen con la obligación de prohibir el paso a aquellos clientes que constan en los registros de ludópatas; los boletos ilegales, una de las claves de la lucha encabezada por la ONCE, especialmente hacia los cupones fraudulentos de una supuesta organización de discapacitados; y, por supuesto, los polémicos bingos sociales.

 

Son estos últimos quizás los casos más conocidos porque se repiten frecuentemente, con mucha trascendencia pública. Ocurrió a finales de 2007 en la comarca de Ferrol, con el desmantelamiento de varios locales; o el pasado verano, en un aula escolar cedida al concello de Avión, en Ourense. En todos los ejemplos, los organizadores pasaron por alto los dos requisitos para que los bingos pudieran celebrarse sin necesidad de autorización administrativa, como un acto recreativo más: los cartones no pueden superar en ningún caso los 30 céntimos y todo el dinero jugado tiene que repartirse en los premios. No hay posibilidad de beneficios.

 

El precinto no suele sentar nada bien a los participantes. Para prueba, la creación recientemente de la plataforma En defensa dos actos culturais, que niega cualquier infracción fiscal con los bingos sociales y pide el archivo de las multas.

 

En el otro lado están los empresarios, como José Antonio Iglesias, presidente de la Asociación de Bingos de Galicia, que aclara que el auténtico "problema" son los bingos que se organizan gracias a "tíos avispados" que consiguen un local social, casi siempre gratis, y con ánimo de lucro.
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