Edición Latinoamérica
27 de Octubre de 2020

Las normas deben adecuarse para hacer viable proyectos de gran inversión

Las grandes inversiones de juego impulsan cambios legislativos en España

(España).- Durante los últimos años, las comunidades autónomas españolas han visto como varias compañías extranjeras proponen faraónicos proyectos relacionados con el sector del ocio y el juego privado. Una millonaria tendencia que las autonomías reciben como un gran premio, pero que en la mayoría de los casos exige importantes cambios relacionados con la normativa vigente.

P

or el momento, la inyección de capital parece ser la causa de las modificaciones legislativas de un sector que mueve al año cerca de 30.000 millones de euros (entre casinos, maquinas tragamonedas y bingos).

La regulación del juego privado en España se encuentra actualmente en manos de las comunidades autónomas, que deciden de forma unilateral la presión fiscal a ejercer. Una tasa impositiva que en Madrid roza el 60% (dependiendo de la actividad), pero que en Castilla La Mancha se sitúa en tan sólo un 10% para las compañías extranjeras.

Y es que detrás de cada uno de estos macroproyectos, se encuentran intereses todavía por determinar. El caso de Aragón, con su recién anunciado complejo Gran Scala - Casino de los Monegros, resulta especialmente ilustrativo.

Según la actual regulación autónoma, sólo se permite erigir un casino por provincia, por lo que se hace necesario un cambio legal al estar prevista la construcción en el desierto de los Monegros de nada menos que de un total de 32 centros de juego.

Conscientes de esta traba, el Gobierno de Aragón se ha apresurado a añadir una cláusula en el contrato firmado con la compañía constructora del recinto, en el que se compromete a “adecuar la normativa administrativa aplicable a los requerimientos específicos del proyecto”.

Teniendo en cuenta que Aragón ya ha calculado que podría embolsarse 600 millones de euros al año con el casino, la decisión de abordar una reforma legal ad hoc, incluidas las ayudas fiscales, parece inmediata.

Otro hecho que ilustra bien esta tendencia a la reforma es la situación en Castilla la Mancha. El Gobierno de la región lleva más de siete años pendiente de un proyecto anunciado por una de las empresas más potentes del sector del juego privado, Harrah’s Entertainment, para construir otra ciudad del juego al más puro estilo americano.

El proyecto, bautizado como Caesars Palace (en honor al conocido casino de Las Vegas), también se vio beneficiado en su día de una cláusula legal aprobada por la Junta manchega, en la que se rebajaba hasta el 10% la presión fiscal a las empresas privadas extranjeras dedicadas al juego. Algo que fue decisivo para promover la edificación de uno de los mayores centros del juego de España, en concreto en Ciudad Real, con una inversión regional de 561 millones.

Fuentes del sector reconocen que la carga fiscal es la clave para la elección de una localidad u otra. Pero si algo tienen en común ambos proyectos son las inumerables dudas que surgen en torno a su viabilidad.

Son muchos los implicados que reclaman una mayor transparencia informativa y política relacionada con los proyectos. Y es que el gasto derivado de los diferentes compromisos adquiridos por parte de los Gobiernos regionales todavía no está muy claro, mientras que las denuncias de los grupos ecologistas aumentan cada día. El futuro será el único en determinar si la autonomías no acabarán siendo víctimas de la recién destada fiebre del juego.

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