Edición Latinoamérica
20 de Septiembre de 2019

Florida, Estados Unidos

Buscan detener el acuerdo que le permite ampliar los juegos a los Seminole

(Estados Unidos).- Dos días después de que el Departamento del Interior firmara un acuerdo permitiéndole a la tribu de los Seminoles ampliar los juegos en sus siete casinos, el secretario de Justicia de la Florida dijo que está buscando una audiencia de emergencia para detener el convenio, al menos temporalmente.

B

ill McCollum dijo que su Secretaría estaba solicitando a un juez federal de distrito en Washington que falle en una demanda que presentó la semana pasada. La demanda pide al juez que bloquee el pacto que amplía los juegos hasta que un tribunal estatal determine su validez.

El acuerdo sobre juego, llamado un “compacto”, fue firmado por el gobernador, Charlie Crist, y la tribu el 14 de noviembre, dándole a los Seminoles un menú ampliado de juegos (incluido blackjack) a cambio de entregar por lo menos U$S 100 millones anuales de ingresos para el Estado.

El Departamento del Interior tuvo 45 días para revisar el acuerdo. Carl J. Artman, secretario adjunto para Asuntos Indios, firmó el documento el lunes, según Nedra Darling, portavoz de Asuntos Indios.

Sólo queda por cumplir un requerimiento técnico: la publicación de una notificación sobre el acuerdo en el Registro Federal. Se espera que esto suceda la semana que viene, despejando el camino para que la tribu empiece a ofrecer los nuevos juegos. Pero McCollum espera impedirlo.

“Estamos en el proceso de tratar de conseguir una audiencia expeditiva ante el juez para prohibir la publicación de la notificación”, dijo McCollum. “Es importante para la Florida porque pone en debate si el gobernador se excedió en su autoridad al firmar el compacto y conceder provisiones sobre juego a la tribu que no son legales en ninguna otra parte de la Florida”.

La demanda de McCollum, anunciada el 20 de diciembre pero que no fue presentada hasta el viernes, le pide al juez federal de distrito Paul L. Friedman que detenga la aprobación del compacto hasta que el Tribunal Supremo de la Florida pueda escuchar argumentos para determinar si el gobernador sobrepasó su autoridad al no buscar aprobación legislativa antes de firmar el acuerdo.

McCollum dijo que su demanda conseguiría tiempo para que el Tribunal de la Florida pudiera oír los argumentos sobre un tema de los derechos de los estados cuando se trata de compactos sobre el negocio del juego de los indios. Si el Tribunal falla que el gobierno necesita la aprobación de la legislatura para el acuerdo, el Estado pudiera verse en la embarazosa posición de haber establecido un compacto inválido.

“Ya hubiéramos tenido estos tipos de juego en nuestro estado, pero hay mucha gente que piensa que eso no debería de ser así”, dijo McCollum.

En el centro de la creciente batalla legal está la cuestión de si Crist puede comprometer al Estado con un acuerdo de juego con los Seminoles, o si la legislatura debería de jugar un papel en la decisión.

Crist sostiene que tiene la autoridad legal; el presidente de la Cámara, Marco Rubio, un compañero del Partido Republicano, ha tomado la posición opuesta, insistiendo en que los legisladores deberían votar sobre el asunto.

Rubio presentó una demanda contra el gobernador poco después de la firma del acuerdo, pidiéndole al Tribunal Supremo de la Florida que decidiera si el gobernador usurpó atribuciones del Poder Legislativo. El Tribunal ha fijado la audiencia para el 30 de enero.

No está claro si la demora tendrá mucho impacto en la Tribu Seminole. La tribu está a “seis o siete meses” de iniciar los nuevos juegos pero seguirá el proceso de planificación, dijo Gary Bitner, portavoz de los Seminoles. “Tienen que pedir e instalar los equipos, contratar y entrenar a los talladores”, dijo Bitner. “Sobre esto la tribu tiene una visión a largo plazo. Quieren hacerlo bien”.

El compacto le daría a la tribu acceso a la Clase III: máquinas tragamonedas tipo Las Vegas, blackjack y bacará que podrían ofrecer en sus Hard Rock Resorts & Casinos en Tampa y cerca de Hollywood y en otros cinco casinos en las reservas; a cambio, pagarían al estado por lo menos U$S 100 millones anuales durante 25 años.

Según el acuerdo, una vez se publique el compacto en el Registro Federal y entre en efecto, la tribu pagará U$S 50 millones al Estado, más otros U$S 50 millones en el primer año.

En el segundo año, el estado tendría garantizados U$S 125 millones, y por lo menos U$S 150 millones en el tercer año. Después de eso, la parte del Estado dependerá de los ingresos conseguidos por la tribu, basado en un porcentaje que aumenta según lo hacen las ganancias.

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