Edición Latinoamérica
24 de Octubre de 2020

Hoy prohíbe abrir casinos en Huesca y Zaragoza

España: modificarían la legislación aragonesa para poder construir el complejo Gran Scala

(España).- La legislación aragonesa incluye varios preceptos con los que resulta incompatible la instalación del macrocomplejo de ocio y juegos de azar Gran Scala, que el grupo de inversores ILD prevé instalar entre Los Monegros y el área metropolitana de Zaragoza.

A

nte esta situación, se está plateando cambiar las normas y elaborar una ley a medida. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, aseguró: “estamos pensando que posiblemente será necesario aprobar una ley específica para este tema”. Biel destacó que la comunidad “tiene todas las competencias necesarias para poder hacerlo”, entre las que enumeró las de industria, energía, turismo, medio ambiente, ordenación del territorio y juego.

La legislación de esos tres últimos campos constituye el principal escollo al que se enfrenta el proyecto.

Por una parte, en Aragón sólo puede instalarse un casino en la provincia de Teruel, aunque no en Zaragoza ni en Huesca. No obstante, cualquiera de las tres provincias podría acoger hasta tres locales con carácter temporal por períodos de entre dos y seis meses al año. De ahí a los 32 que, sobre el papel albergaría Gran Scala, va un trecho.

Los promotores hablan de hotel-casino, una fórmula no autorizada específicamente por la legislación aragonesa. No obstante, podría ser viable si la hostelería se presenta como un complemento del juego y la Administración lo da por bueno.

Otro de los principales escollos es que la DGA no podría hoy ni siquiera garantizar a priori a ILD, o sus empresas filiales, la gestión de los casinos que impulsa sobre el papel. Las licencias de este tipo de establecimientos deben salir a concurso en Aragón, con lo que podría darse la paradoja de que los permisos pudieran ir a parar a empresas ajenas al pool que promueve los locales.

Por otro lado, la normativa aragonesa en materia de urbanismo obliga a los promotores de desarrollos inmobiliarios a ceder a los ayuntamientos un 10% de las áreas que impulsan. Eso encarece el proyecto de ILD en 1.700 millones. Siempre que no sea tratado como un proyecto de carácter supramunicipal. La aplicación de este modelo en Pla-Za permitió eludir esa obligación.

Fuentes de la DGA confirmaron que la instalación de Gran Scala requiere varias modificaciones legales, por lo que está sobre la mesa, “cuando se conozcan las necesidades específicas de la empresa”, la elaboración de una ley especial o la aprobación de unas directrices territoriales concretas.

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