Edición Latinoamérica
19 de Julio de 2019

Por la acusación de sobornos

Investigarán la habilitación de veinte mil video-loterías en Puerto Rico

(Puerto Rico).- La Cámara de Representantes de Puerto Rico deberá iniciar una investigación sobre la gestión de la ley de habilitación de las 20 mil video-loterías para el país centroamericano, ante la acusación de que “el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y el presidente del Senado, Kenneth McClintock, recibieron aportaciones monetarias de Cage, la cual fue realizada por Robert Washington, uno de sus principales ejecutivos”.

L

a empresa Cage Puerto Rico, Inc. ha reconocido estar “detrás de la Coalición Por Alivios Contributivos para la Ciudadanía , una entidad que está pautando anuncios en la prensa a favor del proyecto que establecería la videolotería y que ha señalado a varios legisladores por no respaldar la medida”. Esta misma empresa ha catalogado como “sin merito alguno” las denuncias del vicepresidente de la Cámara de Representantes, Epifanio Jiménez.

Jiménez acusó al portavoz de Cage de haberlo invitado a actividades de recaudación de fondos para el Partido Demócrata de Estados Unidos, sosteniendo que ha sido objeto de presiones indebidas de parte de abogados que no identificó, además del “pelotero profesional Iván Rodríguez y el doctor Alfredo Escalera, que es cabildero oficial de Cage, para que apoye la videolotería”.

Días pasados, en una conferencia de prensa, el legislador puertorriqueño dijo que portavoces de Cage han realizado acercamientos a diversos legisladores para ofrecerle ayuda en la recaudación de fondos. Sin embargo, es la acusación de Jiménez “que fue objeto de un intento de soborno. Pero no identificó a las personas que lo efectuaron”, que deja huellas de criminalidad en las gestiones por la aprobación de ley para las 20 mil video-loterías.

“Con fecha 23 de octubre cuestionamos las razones de McClintock para respaldar las videoloterías: La pregunta que debemos hacer al presidente del senado boricua es si dos males hacen un bien, porque la introducción de maquinas video-loterías para supuestamente reemplazar a las máquinas de juego ilegales no va a lograr ese objetivo. Entonces, estamos viendo que a las 20 mil máquinas ilegales se van a aumentar 15 mil0 máquinas de videolotería, como contempla el proyecto, lo que seriamente va dañar, no solamente al sector de casinos de juego, sino a la sociedad portorriqueña”.

Todos los argumentos de Cage ni de sus cabilderos son suficientes para la aprobación de las video-loterías, si se encuentran enfrascados en comprar votos en el legislativo de Puerto Rico. Tal como fue indicado anteriormente, “las máquinas tragamonedas, llámense como se llamen, videoloterías, VLT o recreativas con premios deben estar dentro de un casino de juegos”.

“Como senador y delegado miembro para la Asamblea Diocesana de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, el presidente del senado debe tener plena conciencia de que no es posible conducir programas de juego responsable en establecimientos comerciales que no sean casinos o salas de juego. En efecto si McClintock ha recibido pagos de Cage, debe estar descalificado de participar en la legislación de las videoloterías en el Senado de Puerto Rico”.

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