tra de las acusaciones, según David Rauda, director del CAM, son las “quejas de los vecinos” de que en dicho lugar no se respetan las políticas de tranquilidad y seguridad ciudadana.
Sin embargo, el procedimiento no fue tan fácil como parecía, ya que Juan Miguel Martínez, administrador del local, alegó que estaban al día con el pago de sus impuestos y que incluso cuentan con vigilancia interna para evitar los desórdenes.
“Nosotros estamos al día con los pagos de la alcaldía”, se defendió el administrador. En el local, trabajan 44 personas. “Respetamos la ley para evitarnos problemas”, explica Manuel M., uno de estos trabajadores que por el momento ha quedado desempleado.
