Edición Latinoamérica
14 de Agosto de 2020

Lo exigió la Comisión Europea

Dinamarca, Finlandia y Hungría deberán quitar los obstáculos a las apuestas deportivas

(Bélgica).- La Comisión Europea exigió a Dinamarca, Finlandia y Hungría que supriman los obstáculos en sus legislaciones nacionales a la libre prestación de servicios de apuestas deportivas al considerar que estas restricciones no son compatibles con el derecho comunitario y tampoco pueden considerarse “necesarias, adecuadas y no discriminatorias”.

A

juicio del Ejecutivo comunitario, los operadores estatales presentes en estos tres países no pueden considerarse como organizaciones sin ánimo de lucro, puesto que están sujetos a objetivos estrictos en materia de volumen de negocios, y a menudo recurren a puntos de venta privados para comercializar sus apuestas.

La petición formal a Dinamarca, Finlandia y Hungría adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si los tres países no dan una respuesta satisfactoria en un plazo de dos meses, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

La decisión del Ejecutivo comunitario de verificar la compatibilidad de estas restricciones a las apuestas deportivas con el derecho comunitario se basa en las quejas presentadas por algunas casas de apuestas y en las informaciones recogidas por sus propios servicios.

Las quejas se refieren a las restricciones que se aplican a las apuestas deportivas, como la obligación de obtener una concesión o una licencia del Estado, incluso para los proveedores que ya han obtenido una licencia en otro Estado miembro. En algunos casos, las restricciones se aplican igualmente a la promoción y publicidad de los servicios.

Según la jurisprudencia del Tribunal, cualquier restricción que se pretenda justificar alegando objetivos de interés general como la protección de los consumidores debe ser “coherente y sistemática” en el modo en el que limita las actividades de apuestas. Un Estado miembro no puede invocar la necesidad de limitar el acceso a sus ciudadanos a las apuestas si, al mismo tiempo, les incita a participar en loterías nacionales, juegos de azar o apuestas que beneficien a las arcas estatales.

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