Edición Latinoamérica
22 de Septiembre de 2019

Según lo dictaminó la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Argentina: el Gobierno no puede cobrarle ingresos brutos al casino flotante

(Argentina).- La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ratificó la medida cautelar, por la que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impedido, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, de cobrarle ingresos brutos al casino flotante Estrella de la Fortuna.

L

a Sala Segunda del Tribunal descalificó la pretensión de la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, de que se le reconociera el derecho a percibir ese impuesto, en virtud de que según el propio gobierno comunal “el casino flotante desarrolla una actividad ilícita”.

Los jueces Eduardo Vocos Conesa, Santiago Kiernan y Hernán Marcó recordaron en el fallo, que en 2001 el Gobierno promulgó una ley “entre cuyos preceptos se encuentra la instrucción al Ministerio Público a iniciar las acciones judiciales para obtener la clausura del casino en razón de su inconstitucionalidad”.

También reseñaron que la Defensora Oficial de la Ciudad resaltó que esa ley 538 “prohíbe la instalación de casinos de propiedad privada o concesionados a empresas privadas, por lo que exhortó a que se realizaran todas las acciones correspondientes para lograr su clausura”.

Sin embargo, remarcaron los camaristas, “surge de la causa de manera indudable que comportaba una particular preocupación de los equipos de la Dirección de Rentas (Ciudad) procurar por todos los medios obtener del casino flotante el pago del impuesto a los ingresos brutos”.

Ese interés se tradujo en un pedido de aclaración por parte del gobierno comunal, de la medida cautelar dictada por el juez de primera instancia que ordenaba no innovar “en cuanto a los ingresos de los impuestos brutos” respecto del Estrella de la Fortuna, que fue considerado “extempóreo” y, por ende, rechazado.

Con dureza, los camaristas afirmaron que la Ciudad “no puede discutir con seriedad que el barco que explota su actividad como sala de casino, restaurante y bar fue inaugurado en el último trimestre de 1999, sin que haya variado desde entonces el ramo nuclear de sus negocios”.

“Como la medida cautelar primera data del 19 de noviembre de 1999, resulta incontrovertible que la demandada (la Ciudad) si tenía alguna duda sobre el alcance de la medida, debió procurar despejarla dentro del término de la ley y no sugerir una supuesta ambigüedad tres años y medio después”, agregaron.

“Es menester señalar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires observó en las actuaciones una conducta dual, que no se aviene con el principio de la buena fe”, puntualizaron los jueces.

Si bien rescataron que “letrados y funcionarios de la DGR han defendido o participado en el casino ’para controlar el recto cumplimiento de las obligaciones tributarias’ no se puede pasar por alto que funcionarios jerárquicos del gobierno de la ciudad han destacado repetidas veces que según el artículo 50 de la Constitución local, los casinos en la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden ser administrados y explotados por el Gobierno local”.

Los camaristas insistieron en la paradoja de que mientras se sancionaba una ley tendiente a lograr la clausura del Estrella de la Fortuna, se insistía en la facultad de la Dirección de Rentas para cobrarle el impuesto a los ingresos brutos.

“Esa posición dual ha puesto a la demandada en contradicción con sus propios actos a un extremo que quita sustento serio a la actividad desplegada, relevando al Tribunal de la obligación de expedirse en la dilucidación de lo que configuraría un conflicto de criterios internos en la administración pública local”, concluyeron.

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