Los gobiernos de París, Roma y Viena se resisten ante la Comunidad Europea, aduciendo razones de salud pública. Según dicen, la oferta de juegos de azar ya está suficientemente extendida en sus territorios, y ampliarla tendría consecuencias negativas para la población.
Bruselas acepta ese argumento, pero entonces exige que la administración pública ceda una parte de su negocio a operadores privados, como ocurre en el Reino Unido, el país de la UE más permisivo en materia de apuestas. Si Francia, Austria e Italia se niegan a hacerlo, el ejecutivo comunitario podría abrirles un proceso sancionador.