Edición Latinoamérica
29 de Octubre de 2020

Declaraciones de Aroldo Soster, presidente de la Lotería del Estado de Santa Catarina

Brasil: "El cierre de los bingos en Santa Catarina se debe a un error de la Justicia"

(Brasil).- El viernes pasado, la Policía Federal y la Reserva Federal realizaron una operación sorpresiva, cerró 24 bingos y aprehendió 1.981 máquinas de videobingo. El Ministerio Público federal y estatal alegaron que estaban cumpliendo una determinación del Supremo Tribunal Federal, pero los empresarios creen que la operación fue errónea.

L

a Policía Federal acusó que se filtró la información sobre la operación. ¿Cómo explica usted esa denuncia?

Según la Policía Federal de Florianópolis, el martes hubo una reunión con el Ministerio Público Federal, Policía Federal, Reserva Federal, Abogacía General de la Unión (AGU), Ejército Brasileño, Ministerio Público Estatal y la Policía Militar de Santa Catarina.

El viernes 14, el MP federal y el MP estatal enviaron un oficio recomendando a la Codesc que providenciara la cancelación de las autorizaciones y reconocimiento de todas las actividades de azar desarrolladas por el Estado de Santa Catarina, relativas a bingos y videoloterías.

Con la movilización y, principalmente, con la recomendación del Ministerio Público federal y estatal; y, queriendo, salvaguardar la credibilidad de la actividad en Santa Catarina, de los empresarios y también de la Codes, la entidad emitió un oficio el día 15 de septiembre, recomendando que todos los empresarios paralizaran sus operaciones para evitar confrontaciones, desestabilización del mercado, falta de credibilidad y colocar a los usuarios en una posición de constreñimiento. Principalmente, porque los propios empresarios se manifestaron en ese dirección.

Paralelamente, en cuanto la entidad estaba providenciando una medida administrativa, recomendada por el Ministerio Público federal y estatal, la Policía Federal y la Reserva Federal hicieron una operación sorpresiva el viernes pasado para cerrar todos los bingos de Santa Catarina. La justificación fue que la operación se había filtrado.

Una cosa no condice con otra. Se hubo una reunión donde participaron varias entidades del Estado y el Ministerio Público federal y estatal dirigieron un oficio administrativamente para que el Estado cumpla y, al mismo tiempo, en desacato a esa actividad administrativa hicieron una operación ostensiva. ¿A quién le sirve esto?

¿Cómo va a actuar ante esta situación el Estado de Santa Catarina?

El gobierno del Estado entró con un recurso en el Supremo Tribunal Federal (STF) hace 15 días atrás y está esperando la publicación de la sentencia para entrar con otros recursos (embargos de declaración).

¿Qué pierde el Estado de Santa Catarina con esa medida arbitraria?

Pierde recaudaciones de R$ 1 millón (U$S 465 mil) por mes, destinadas a las actividades sociales, culturales y deportivas. En este momento se paralizan nueve mil empleos directos e indirectos. Además de eso, los empresarios tienen contratos de trabajo, contratos firmados en el Junta Comercial, de alquiler, o sea, todo este ordenamiento político reconocido por las autoridades federales, estatales y municipales y en este momento se quiebra el vínculo y toda generación de empleos y rentas destinados al estado para que sean aplicados en los proyectos sociales.

La Loterj recibía mensualmente R$ 3 millones (U$S 1,4 millones) con la lotería de Bingos y a partir de las acciones del Ministerio Público, la legislación que garantizaba estos recursos fue juzgada de inconstitucional por el STF. Actualmente, los bingos están abiertos, amparados por permisos judiciales. ¿Usted cree que lo que sucedió en Río de Janeiro podría suceder en Santa Catarina?

Perfectamente. Lo que nosotros vimos desde la Medida Provisoria 168 fue lo siguiente: hubo una desorganización oficial de aquello que estaba organizado en Santa Catarina y algunos empresarios fueron hacia la clandestinidad. Es, ciertamente, lo que va a ocurrir también ahora. Sale la fiscalización y la regulación del Estado y ¿Para quién va esta fiscalización y regulación? ¿Para qué órgano? No existe. Los empresarios van a entrar clandestinamente. ¿Quién va a regular y fiscalizar? A la gente que va a los establecimientos de este tipo para entretenerse, estará segura de que una máquina de videobingo estará funcionando regularmente o no. No hay ninguna fiscalización. ¿A quién le interesa desorganizar lo que estaba organizado?

¿Al Ministerio Público?

El Ministerio Público informa que ese problema no es de la institución. Que la responsabilidad del MP es hacer cumplir la ley, “ahora lo que va a suceder no es problema nuestro”. Esas declaraciones están textualmente en los periódicos de Santa Catarina.

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