Quien comandó la operación en 16 puntos de la ciudad fue el delegado Rodrigo Koehler, jefe de la Delegación de Represión de Crímenes de Hacienda, junto con un equipo de 70 policías. El oficial de Justicia Walmilson da Rocha Nascimento, fue encontrado in fragantti con seis llaves de máquinas tragamonedas.
El funcionario alegó a la Policía que ejerce la profesión hace poco tiempo y que, paralelamente, es dueño de la empresa Electrónica Rocha, en el barrio San Francisco. “La explicación que él dio fue que las llaves eran para arreglar las máquinas. Pero, presionado por la Policía, confesó que quería retirar el dinero que había adentro de las máquinas”, dijo Koehler.
Entre el material aprehendido estaban algunos monitores de computadora que, según el delegado, serán donados a escuelas públicas. Esa fue la primera Operación Tragamonedas realizada este año. En 2005, fueron hechas otras dos operaciones y una Operación Trevo. “Nuestro objetivo es continuar actuando siempre. No podemos decir una fecha exacta de cuando será la próxima acción, pero podemos afirmar que sucederán varias a lo largo del año”, dijo Koehler.
Según el delegado, las acciones de la policía en San Luis ya acusaron a 26 personas y confiscaron más de dos mil máquinas, lo que equivale a un monto de más de R$ 1 millón. “Ese valor es grande porque en las otras operaciones llegamos a incautar hasta un automovil BMW, de dueños de las casas de juego. Hoy, ellos están actuando de manera diferente: alquilan las máquinas para pequeños comerciantes, que fingen ser dueños del negocio, y le dan el 30% de la facturación a ellos. Con eso también pretendemos acabar”.
El delegado Rodrigo Koehler explicó que el dinero incautado está depositado en la cuenta de la Unión, en la Caixa Económica Federal, y en caso de que los abogados de los dueños de las salas de juego pierdan en la Justicia la posibilidad de tener de vuelta el dinero, el montó irá para los cofres públicos.
La ley que prohíbe la explotación de juegos de azar en Brasil es la nº 9981/2002, del 31 de diciembre de 2002. En ella están previstos los crímenes de evasión fiscal, contrabando y lavado de dinero.