Edición Latinoamérica
13 de Julio de 2020

Pero el 96% de los locales no cumplen con la ley vigente

Las slots generan 683 mil dólares diarios en Perú

(Perú).- Unas 625 salas operan gracias a acciones de amparo y 317 son ilegales, por lo que el 96% de las que existen el país no cumplen con los requisitos exigidos por ley y actúan sin la autorización del Mincetur.

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ay muchas salas de casinos y tragamonedas en toda la ciudad de Lima y, según información de la Dirección de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas de ese ministerio, sólo han autorizado 36 salas. Unas 625 funcionan gracias a acciones de amparo y unas 317 son ilegales por sus cuatro costados.

La Asociación Nacional de Operadores Inversionistas de Máquinas Tragamonedas (Anoimt) estima que las slots representan una ganancia neta de U$S 8 por máquina al día, pero la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja) estima que la cifra promedio es U$S 12. Si este último monto se multiplica por las 56.935 máquinas que operan en el país (según estadísticas del Mincetur), se puede hablar de un mercado que genera U$S 683 mil diarios. El 96% lo obtienen aquellos que no cumplen con la normatividad.

La Sunat ha observado que de las 243 empresas que administran salas de juego autorizadas por el Mincetur y las que se escudan en medidas cautelares, apenas el 42% cumple con pagar el impuesto que declaran. Las demás no lo hacen o pagan cantidades menores, incluso existen otras diez empresas (las que administran 147 salas) que no declaran ni pagan impuestos por haber obtenido medidas judiciales a su favor. En total, la deuda por el impuesto a juegos de casino y máquinas tragamonedas asciende a S/.175'890.000 soles (U$S 57 millones).

Mario Vargas, gerente de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Lima, sostiene que sólo se otorga licencia de funcionamiento a aquellos locales que pasen la observación de Defensa Civil y presenten permiso del Mincetur. Pero, tanto en esta comuna como en otros distritos, los dueños de salas informales han ideado la forma de permanecer en pie al obtener acciones de amparo.

Esta medida cautelar se presenta generalmente en juzgados del interior del país, como la Oroya y Andahuaylas, pues coincidentemente ahí suelen obtener una respuesta positiva o por lo menos ganan tiempo. Además, el fallo judicial no hace distingos entre salas de juego y empresas, por lo que al darle luz verde a una empresa o razón social específica, se permite que esta pueda abrir las puertas de sus distintas sucursales en todo el país. Pero casi todas están en Lima.

No contentos con ello, algunos propietarios de estos ilegales negocios venden sus locales y ofrecen servicios de “asesoría” para obtener acciones de amparo. Incluso se anuncian en los diarios de la capital.

Freddy Gamarra, presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, considera que la ley emitida el 2002 para regular ese sector terminó acentuando la ilegalidad.

“Cada tres años se dictan modificaciones a la ley. Eso ha alejado al inversionista serio y ha hecho que cada vez más gente, que ya tenía las máquinas y las salas operando, deba acudir al Poder Judicial”, explicó. Las leyes a las que hace alusión Gamarra son las 27153 y 27796. Esta última también establece que a partir de enero de este año se debía clausurar toda sala de juego que no se haya adecuado a su normativa y que, por ende, carezca del permiso del Mincetur. Pero ahora, al igual que antes, la informalidad en este rubro sigue siendo altísima.

“Hemos clausurado varios locales, pero no podemos ni siquiera inspeccionar aquellos que poseen acciones de amparo a su favor. El tenor de la ley era que se impulsara la formalización, pero como parte de un atractivo turístico, por eso la responsabilidad la asumió el ministerio. No entiendo por qué la ley no incluyó un plan de zonificación para ubicar esos negocios en ciertos lugares”, sostuvo Alejandro Raffo, responsable del área en el Mincetur.

Aun así, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha encontrado “indicios razonables de infracciones y presuntos ilícitos que habrían cometido actuales y ex funcionarios del Mincetur en la autorización de establecimientos”.

Al respecto, el director nacional de Turismo, Miguel Zamora, indicó, de manera verbal y escrita, que nunca fueron citados a ese grupo de trabajo para presentar sus descargos. “Es fácil decir que no se trabaja, pero las constantes modificaciones a las normas y las graves omisiones que tiene la ley son más bien las que nos dificultan el trabajo”, explicó.

Para el Mincetur, la solución pasa por penalizar la actividad ilegal y que la responsabilidad la asuman los dueños. Su voz parece haber sido escuchada, pues el miércoles el Congreso publicó una nueva norma en la que se dictan penas de uno a cuatro años para los responsables de la explotación ilegal de ese negocio.

Para el penalista Julio Rodríguez, esta norma transgrede el ordenamiento jurídico, pues no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho. “Por la ilegalidad del negocio se sanciona al dueño con el decomiso o clausura de su local. Ahora también se le va a sancionar penalmente, pero por el mismo hecho. Una vez más se cree que las sanciones penales podrán cambiar la actitud y la ilegalidad. La supervisión y la mano dura son lo único que pueden hacerlo”, dijo.

Gamarra considera que ello pondría en riesgo a los administradores formales, pues son los únicos a los que se puede supervisar a cabalidad. “Basta de que se nos venza el certificado de Defensa Civil para que seamos sentenciados”.

El especialista en fiscalización de salas de juego, Francisco Lastres Ferrucci, considera que el propósito del proyecto de ley fue tergiversado, pues lo que debió buscarse es diferenciar legalmente el funcionamiento de salas de juego propiamente dichas con la instalación de máquinas en cualquier bodega. “Lo primero se puede normar y fiscalizar. Lo segundo es el corazón de la informalidad. Esto es lo que se debe penar".

Precisamente, la ilegalidad en este rubro se ha tornado preocupante desde que se incrementó la importación de máquinas chinas destinadas al público infantil. Estos aparatos no están regulados por la ley, por lo que solo se les puede decomisar. Del 2004 a la fecha se han incautado 3.239 de estos aparatos, pero vuelven a aparecer porque adquirir uno demanda solo la tercera parte de lo que será la ganancia.

Como indica Lastres, debe prohibirse la instalación de estos negocios en lugares no aptos, como bodegas, pues ahí sólo se busca lucrar con el afán lúdico de los menores. Pero también la legislación debe procurar la formalización del mayor número de negocios para que no tengan carta blanca para delinquir y, sobre todo, plantear una ley real y completa que no sea dictada solo por la coyuntura.

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