Edición Latinoamérica
14 de Agosto de 2020

De acuerdo con el proyecto que se discute en el Congreso

El Gobierno venezolano asumiría el control total de las loterías

(Venezuela).- El IVA no considera a las loterías como Servicio Público, por lo que un Directorio Principal -de acuerdo a la reforma de la Lotería que va en segunda discusión- manejaría la actividad lotera actualmente dispersa (casi una docena diaria) y estaría integrado además por representantes del MIJ y organizaciones de beneficencia y asistencia social.

U

na vez aprobado en primera discusión, el Proyecto de Reforma de la Ley Nacional de Loterías, ha sido remitido, para hacer los correspondientes análisis y estudio con el fin de elaborar un informe para su segunda discusión, a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN).

A tal efecto, y en cumplimiento del mandato de la AN, la Comisión Permanente de Finanzas ha designado a la Subcomisión de Presupuesto, para elaborar el Informe de Segunda Discusión, la cual esta presidida por el diputado Rafael Isea (MVR/Aragua) e integrada por los parlamentarios Ricardo Sanguino, Wilfredo González, Raúl Álvarez Bracamonte y Eduardo Arónica.

El desarrollo de Internet ha hecho brotar una nueva modalidad de apuestas y juegos, las realizadas por este medio. Es factible, revela el informe, ofrecer y facilitar su acceso a través del computador conectado a la red. Esta es una modalidad que la ley debiera prever. Los impuestos sobre loterías en Venezuela son de dos tipos: el impuesto al juego, asignado a los municipios, según el artículo 179, numeral 2, de la Constitución Nacional, y la Ley del Impuesto Sobre La Renta (Artículo 65), que consiste en el 16% del monto percibido por el ganador del sorteo, retenido en la fuente. Este impuesto es recaudado por el Fisco Nacional mientras que el primero corresponde, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a las alcaldías.

En ese sentido recuerda que la Ley del IVA no considera a las loterías como Servicio Público, en virtud de la cual los billetes y tickets de loterías están exentos del pago de este tributo. Ambas corrientes están prácticamente en equilibrio, puesto que lo que se deja de cobrar por IVA es de una magnitud muy similar a lo percibido por ventas de billetes de loterías e impuestos a los respectivos premios. Esto hace pensar que las alícuotas de estos tributos pueden ser más altas de lo que establece la legislación vigente.

Refiere, que es un criterio compartido que un aumento de dichas tasas incentivaría el juego ilegal y haría mermar la recaudación. Incluso, a los bajos niveles actuales del gravamen, se estima que existe un importante margen de juego de loterías ilegal así como también en las otras dos grandes áreas: apuestas hípicas y juegos de casino, bingos y máquinas tragamonedas.

Por otra parte, debe considerarse que los beneficios producidos luego de descontados los precios y los gastos de operación, los cuales constituyen un porcentaje muy elevado del monto de la jugada, tienen características similares a la de los tributos ya que son aplicadas como complemento al gasto social a ser repartidas como donaciones entre los distintos objetos de la beneficencia definidos por la propia ley.

Otro punto del informe señala que los juegos de hipódromos, que tienen su propia normativa legal, quedan fuera del ámbito de la presente ley. Normalmente son categorizados aparte, incluso no son considerados.

Debatidos los distintos planteamientos y escuchadas las consultas realizadas, la Subcomisión de Presupuesto de la Comisión Permanente de Finanzas propone aprobar, incorporando las modificaciones propuestas a afectos de la segunda discusión, el siguiente Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Nacional de Loterías: El Gobierno deberá asumir el control total y general de las loterías existentes, para lo cual se realizaria un Directorio Especial que lo conformarían cinco miembros, quienes actuarían en representación del Ministerio de Finanzas, siendo uno de ellos quien lo presida; uno del MIJ; uno del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y uno en representación de las instituciones oficiales de Beneficencia Pública y Asistencia Social.

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