Edición Latinoamérica
21 de Septiembre de 2020

Venezuela

Valencia: Contraloría Municipal inspeccionó al Bingo Rey

(Venezuela).- La Contraloría Municipal de Valencia dio un plazo de 8 días al Bingo Rey para consignar a este organismo los documentos legales, que supuestamente permitieron la apertura de esta sala de juego en el municipio, iniciando así una investigación preliminar a los dueños del establecimiento y a las autoridades de la Alcaldía de Valencia.

L

uego del procedimiento de fiscalización que realizó el contralor municipal, José Miguel Martínez, con una comisión de auditores y abogados, a las instalaciones de esta sala de juego, la contraloría levantó un acta de requisición, en la que solicitó a Inversiones Concorde presentar la declaración de impuestos municipales, y los permisos exigidos por la Ley: patente de industria y comercio, uso conforme, permisos de los bomberos; entre otros documentos que certifiquen su funcionamiento legal en el municipio.

El contralor precisó que este es un procedimiento rutinario, al que les faculta la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm), desde el artículo 100 al 109, y la Ordenanza Sobre Juegos y Apuestas Lícitas.

En ese sentido, dijo que esta investigación se enmarca en el proceso de control, vigilancia y fiscalización de los recursos bienes patrimoniales, y aquellos terceros que tengan relación directa con el municipio, a los fines de conocer si este establecimiento ha cancelado sus tributos, además de verificar la diligencia con la que actuó el ejecutivo municipal, es decir, un control de gestión, en la tramitación de la permisología para que esta sala de bingos y casinos funcione bajo los parámetros legales.

El contralor aclaró, además, que en el caso de que el Bingo Rey, no presente en este plazo hábil estos requisitos, es decir antes del 16 de junio, “nosotros vamos a levantar un acta, que sería remitida a la Contraloría General de la República”.

Por su parte, el director de procedimientos fiscales de la Contraloría, Jonathan García, aseguró que si este establecimiento se niega a presentar estos documentos para proceder a la investigación, esto generaría, inmediatamente, eventuales sanciones por obstrucción al proceso fiscal, puesto que todos los funcionarios de la República están obligados a colaborar con los órganos de control fiscal, en suministrar la información que sea necesaria.

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