Edición Latinoamérica
23 de Agosto de 2019

Declaraciones del titular del IPLyC bonaerense, Franco La Porta

"El Estado debe controlar y regular el juego"

(Argentina).- El control directo del Estado, la participación de los gobiernos en un porcentaje de las ganancias de las empresas y la regulación de la oferta son las claves para garantizar que el juego de azar no afecte a la salud de la población. Así lo entiende el interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, y actual presidente de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), Franco La Porta.

E

l funcionario participó del relanzamiento del Casino de Tucumán y advirtió sobre las consecuencias de una explotación indiscriminada del juego. “El Estado es el único que puede establecer un equilibrio. Si actúa solo, el sector privado es voraz. Se debe recaudar lo necesario en función de la demanda social”, aseveró.

Aunque no quiso opinar sobre la situación puntual de Tucumán, las palabras de La Porta cobran dimensión, a raíz de la proliferación de salas de juego en la provincia (según cifras oficiales hay más de 60 locales) y del aumento del cupo de tragamonedas: hay 1.000 en funcionamiento, más otro millar que Casino Club pretende habilitar en el corto plazo.

“Como Estado, debo tener en claro que necesito obtener cierto nivel de recaudación, pero que no puedo superar ese tope porque afecto la salud de la población y, en ese caso, no hay ganancia que se justifique. La actividad no debe sobrepasar los límites de la recreación y la distracción”, dijo.

La Porta puso énfasis en la necesidad de que exista una presencia fuerte del Estado. Precisamente, sectores de la oposición habían cuestionado que los convencionales no hayan incluido en la Constitución el Régimen de Monopolio Estatal para el juego, disposición que impediría la privatización de la actividad. “El juego existe en todo el mundo e, incluso, se incrementará, pero hay que ser muy estrictos. El Estado debe estar presente porque, si está ausente, no controla la recaudación ni tampoco el juego informal o clandestino. Las provincias deben controlar y regular la actividad”, enfatizó.

Además, reconoció que, si bien es una facultad de cada administración, a su entender resulta más conveniente que los gobiernos establezcan el pago de un canon porcentual a las empresas. En Tucumán, en cambio, la CPA impuso a las firmas del rubro un canon fijo mensual por cada maquinita.

“Un canon fijo -prosiguió La Porta- le da a la Provincia tranquilidad, porque el riesgo corre por cuenta del sector privado”. Sin embargo, apuntó que es más beneficioso el cobro de un porcentaje de la ganancia. “Pero para ello el Gobierno debe ser muy riguroso en el control de la actividad e invertir en equipamiento y tecnología”, señaló.

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