Edición Latinoamérica
17 de Agosto de 2019

Proyecto de Ley de la diputada Griselda Petri

"Buscamos igualdad de condiciones para las empresas fabricantes argentinas"

(Argentina).- La diputada Griselda Petri propuso, a través de un proyecto de ley, que los concesionarios de salas de juegos de la provincia de Buenos Aires estén obligados a contratar la provisión de máquinas tragamonedas y servicios técnicos a empresas de origen nacional. Publicamos a continuación el texto original del proyecto para su completa evaluación.

A

través de este proyecto se intenta establecer la preferencia sobre todo producto comercial o industrial patentado o registrado a favor de personas físicas o jurídicas argentinas, y de esta manera instituir una protección seria de la industria y el trabajo argentinos. “Existen en nuestro territorio, industrias con posibilidades serias de ofrecer los equipamientos necesarios y es menester darles una oportunidad. No es nuestra intención pretender instalar un proteccionismo fundamentalista, sino tan solo igualdad de condiciones”, aseguró Petri.

A continuación, reflejamos el proyecto de ley completo para su mayor conocimiento:

Proyecto de Ley

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de LEY:

Articulo 1°: En el caso de habilitación o instalación de máquinas juegos de azar automatizado, en casinos o salas de juegos habilitadas y/o a habilitarse que prevé la legislación vigente, aquellos encargados de su explotación o concesión deberán proceder en forma obligatoria a la contratación en favor de personas físicas o jurídicas Argentinas, la provisión de máquinas de juegos automatizados así como los servicios técnicos necesarios para su funcionamiento, debiendo ser los mismos producidos o elaborados en el ámbito del territorio Nacional, cuando se configuren similares condiciones en cuanto a precio y calidad con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas extranjeras o Nacionales, por productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio argentino.

Establécese preferencia sobre todo producto comercial y/o industrial patentado y/o registrado en favor de personas físicas y/o jurídicas Argentinas.

Articulo 2°: A los efectos del artículo 1°, se entiende que un material, mercadería, o producto es de origen nacional cuando:

a) Sea un producto comercial o industrial realizado y/o manufacturado en la República Argentina, en cuya elaboración se utilicen materias, productos semielaborados, elaborados o partes producidas en el territorio nacional.

b) Sea un producto comercial o industrial realizado y/o manufacturado en la República Argentina, en cuya elaboración se utilicen materias, productos semielaborados, elaborados o partes producidas en el exterior y que no se produzcan o puedan producirse en el territorio nacional a precios razonables.

c) Sea un producto comercial o industrial realizado y/o manufacturado en la República Argentina por plantas que estén desarrollando un plan de integración aprobado o establecido por autoridad competente, aunque el producto no cumpla la condición indicada en el punto b).

Articulo 3°: El costo es considerado razonable cuando el precio de los materiales, mercaderías o productos de origen nacional no sea superior al precio de los materiales, mercaderías o productos de importación.

Artículo 4°: El incumplimiento de lo normado en la presente, ocasionará la perdida de la habilitación correspondiente.

Artículo 5°: El Poder Ejecutivo efectuará las adecuaciones reglamentarias conforme los términos de la presente ley.

Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto, tiene por objeto establecer una protección seria y razonable de la industria y el trabajo argentino.

Las experiencias recientes nos demuestran acabadamente, que ha nivel mundial se ha desatado una contienda política en pos de preservar los puestos de trabajo y la producción nacional, que trascienden las falsas recetas de exportación de los países desarrollados, que mientras pregonan el libre comercio fuera de sus fronteras, establecen férreos mecanismos de protección que en ocasiones se esconden bajo la patina de barreras sanitarias y en otras nos demuestran crudamente y sin eufemismos la preservación de su producción mediante subsidios directos a determinadas actividades.

En tiempo de crisis y desempleo como el que azota a nuestro país, debemos plantearnos con cada medida a nuestro alcance, tratar de proteger, reitero en términos razonables, la industria, el trabajo y la incorporación de tecnología para cada una de las actividades a desarrollarse en el país, se encuentren las mismas a cargo de capitales nacionales o extranjeros.

Existen en nuestro territorio, industrias con posibilidades serias y concretas de ofrecer los equipamientos que la actividad que nos ocupa necesita para desarrollarse y por lo tanto es menester darle una oportunidad al trabajo argentino, y que parte de las ganancias generadas mediante la explotación de los juegos de azar en nuestra provincia, opere como polea transmisora de la actividad económica.

No pretendemos instalar un proteccionismo fundamentalista (como el que en más de una ocasión nos toca soportar), solo pretendemos que en igualdad de condiciones, se le de una oportunidad a la industria nacional, atento a lo ocurrido en la ultima década, donde vivimos un cierre masivo de nuestras fabricas en pos de una falsa y desigual libertad de mercado.

La idea, por la tanto es bastante sencilla y se llama “fomento”, para lo cual es necesaria la intervención del estado como elemento generador de políticas capaces de implementarlo, en esto la función del estado como orientador de políticas es fundamental, sobre todo atento a las características inéditas de la crisis económica y social que nos afecta y que se encuentran relacionadas con las funciones indelegables que debe llevar a cabo la provincia.

Esto impone la necesidad de rever algunas situaciones dándoles un marco de referencia distinto en un intento por revertir la disminución de puestos de trabajo así como, ante la falta de protección de la industria nacional llevada a cabo en la ultima década, tratar de mejorar algunos sectores de la economía provincial y en esto sin duda la intervención del estado dando pautas de orientación, debemos considerarla básica.

El artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice:

“Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley.

La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica.

La Ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior”.

Es hora de efectuar la interpretación integral del texto constitucional y no conformarnos con lo meramente formal o con políticas de asistencialismo directo, que si bien pueden entenderse en momentos de agudas crisis, no resulta deseable el incremento de las mismas dado que ello supone conformarnos con atacar las consecuencias y no las causas. Por lo mismo entiendo que el derecho constitucional de recibir mediante políticas efectivas de acción social y salud, debe trascender el destino de los tributos que el fisco perciba por la utilidad de los juegos de azar y extenderse esa protección al empleo que la actividad potencialmente pueda generar y con ello seguramente preservaremos la salud y la condición socioeconómica de los habitantes de la Provincia.

Por todo lo expuesto es que se solicita de los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto.

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