Edición Latinoamérica
17 de Septiembre de 2019

El caso está en manos del juez de quiebras Enrique Lamoutte

Puerto Rico: La Justicia decidirá si se aplica el plan de reorganización del Hipódromo El Comandante

(Puerto Rico).- El futuro inmediato de la actividad hípica en Puerto Rico está ya en manos del juez de quiebras Enrique Lamoutte, que el viernes se reservó su decisión sobre la confirmación del plan de reorganización del quebrado hipódromo El Comandante que proponen los representantes de los bonistas, principales acreedores de esa corporación.

E

se es el plan que incluye la venta de los activos al Grupo Camarero por 64 millones de dólares y que fue respaldado por sobre el 80% de los acreedores que votaron sobre el mismo el pasado mes. Es el resultado, además, de la subasta que ganó Camarero en diciembre.

El viernes se concluyó el desfile de evidencia de parte de los representantes de los bonistas y de los grupos que se oponen a la confirmación del plan, entre los que se incluye a los deudores en este caso: Housing Development Associates, El Comandante Management Co y El Comandante Capital Corp.; a los grupos Caribbean Thoroughbred Racing y Puerto Rico Horses Race Track, y la Confederación Hípica de Puerto Rico.

En su turno de cierre, el abogado Larry Henin, que representa a Wells Fargo, National Bank, empresa que actúa como fiduciaria de los bonistas, recordó al tribunal que éstos no reciben pago desde hace cinco años y advirtió que de no confirmarse el plan, podrían perder incluso la oferta de compra de Camarero.

Henin llamó la atención a que el acuerdo de compra con Camarero vence el 31 de este mes, al igual que la oferta de financiamiento que tiene ese grupo de empresarios para adquirir el hipódromo.

Henin cuestionó si es razonable que se les pida a los bonistas, que tienen un reclamo de U$S 89 millones contra los propietarios del hipódromo, que sigan esperando y asumiendo los riesgos de esta prolongada litigación.

Acusó a los opositores del plan de intentar prolongar aún más este proceso al proponer que se abran nuevas votaciones para presentar sus propios planes. "Nosotros hemos seguido hacia adelante con el proceso", dijo refiriéndose a los distintos pasos tomados para llegar hasta esta vista y que incluyen el acuerdo con Camarero, la celebración de dos subastas, la votación del plan por parte de los acreedores y las gestiones para su confirmación ante el Tribunal. "No debemos ser penalizados por eso. Los deudores son los que deben ser penalizados, no los bonistas", agregó.

En contra de la confirmación se expresaron los abogados de las distintas entidades mencionadas y coincidieron en sus argumentos de que los bonistas no cumplieron con todos los requisitos dispuestos por ley para la confirmación de su plan, que hubo irregularidades en el proceso de votación, que no se les dio oportunidad a todos los acreedores a votar con la debida información y que el plan propuesto no ofrece lo suficiente para los acreedores no asegurados.

Reclamaron además que los otros planes propuestos resultarán más beneficiosos para todos los acreedores por lo que debe dárseles la oportunidad a éstos para evaluarlos.

Por su parte, el juez Lamoutte no dio indicios de hacia dónde podría inclinarse su decisión, por lo que ambos lados se expresaron confiados en que prevalecerán. Se adelantó que la decisión del juez podría tomar varios días.

Mientras tanto, y en su esfuerzo para combatir el plan propuesto por los bonistas, los abogados de El Comandante insistieron en que el dinero del "poolpote" puede ser utilizado para cubrir las deudas de la empresa en quiebra en caso de una liquidación.

Para probarlo, sentaron a declarar su principal oficial financiero, Stanley Pinkerton, quien dijo que las cuentas donde se depositan los fondos con que se pagaría el "poolpote" son cuentas comerciales corrientes, que no existe ningún tipo de fideicomiso o trust que las proteja y que hasta enero podría pagarse el "poolpote" con la firma de cualesquiera dos de seis empleados de El Comandante cuyas firmas están registradas en el Banco Popular.

A partir de enero, y por orden del Administrador de la Industria y el Deporte Hípico, ese pago tiene que hacerse con la firma de un ejecutivo del hipódromo y la de un funcionario de esa agencia gubernamental. Hasta entonces, trascendió, no existía otra protección para el uso de esos fondos, que hasta ayer ascendían a U$S 12,92 millones.

En una intervención aclaratoria, la abogada del Administrador Hípico dijo al tribunal que en el momento que la disposición de los fondos del "poolpote" sea un tema relevante en la corte, el Gobierno defenderá la posición de que ese fondo fue creado por la Junta Hípica, que es la que lo reglamenta y la única que tiene autoridad para disponer su utilización en caso de un cierre del hipódromo.

El "poolpote" es un premio especial que gana aquel jugador que sea el único que acierte los seis ganadores de las carreras que integran la jugada del llamado "pool de seis".

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