Argentina: Pedirán que se efectivicen los bingos sociales en Córdoba

Recientemente, las entidades de bien público agrupadas en el Consejo de la Minoridad y Discapacidad hicieron notar a los concejales locales su preocupación por la demora en la aplicación de lo que prescribe la ordenanza de creación del bingo municipal.

En su sesión de ayer, el Concejo Deliberante se hizo eco de esta situación y terminó unificando dos proyectos que apuntaban al mismo fin, uno del oficialismo y otro de Unión por Córdoba, a raíz de lo cual dispuso convocar a una reunión de comisión a los integrantes del Consejo Asesor de la Discapacidad y Minoridad en riesgo y a la concesionaria del bingo Gestiocor S.A. a los fines de acercar posiciones.

Las entidades que integran el Consejo Asesor de la Discapacidad y Minoridad en riesgo deberían haber resultado beneficiadas con los aportes económicos producto del juego, que son imprescindibles para su subsistencia y hasta el momento aguardan que se de efectivo cumplimiento a la norma legal. La empresa Gestiocor S.A. resultó beneficiada con la concesión del bingo municipal por veinticinco años y goza de una serie de exenciones impositivas.

La ordenanza de creación del bingo disponía que como contraprestación, se debía ceder a las entidades de bien público locales la posibilidad de usufructuar los beneficios del bingo durante los días martes y miércoles. Pero transcurrido ya casi todo el año 2005 no se ha llevado a la práctica lo dispuesto por la ordenanza y se desconocen las razones legales o políticas por las cuales esta disposición no se ha hecho cumplir.

De acuerdo a lo expresado por fuentes citadas por el diario La Mañana de Córdoba, el nudo del problema radica en que los días elegidos para la realización del “bingo social” son los de menor afluencia de público y el porcentaje de beneficios que se disponía para las instituciones no resultaba atractivo para algunas de ellas.

Desde la empresa, extraoficialmente se ha podido conocer que hubo actitud de cumplir lo que marca la norma vigente, pero el poco interés de las instituciones y no la rebeldía de la empresa habría sido el causante de la demora en concretar la implementación prevista por la legislación municipal. El proyecto del bloque justicialista propugnaba que el Departamento Ejecutivo aplique las sanciones correspondientes a la empresa concesionaria y ejecute las medidas administrativas pertinentes para que se ponga en marcha el demorado “bingo social” en el menor tiempo posible.