Las explotación de los bingos Lavalle, Belgrano, Congreso, Caballito y Flores está vigente desde 1993, antes de que Buenos Aires lograra su autonomía. Por eso, siguen bajo el control de Lotería Nacional. Pero las concesiones vencen el miércoles que viene, y tras las versiones surgidas de Lotería Nacional, que indicaron que prorrogarían los contratos actuales, las autoridades porteñas presentaron su visión del futuro de las salas de juego.
Desde el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad negaron que las salas vayan a recibir una prórroga. Su titular, Jorge Gimeno, aseguró ayer: "Llamaremos a licitación, tal como teníamos previsto. Habrá una reunión de directorio en la que definiremos la fecha, que será muy pronto. La Constitución porteña es clara: es la Ciudad la que debe controlar el juego. Y la ley Nº 538 dice que los contratos no pueden ser prorrogados". El funcionario agregó que "como los tiempos no dan para el reemplazo inmediato, estamos buscando la forma para que los bingos puedan seguir funcionando hasta que arranquen los nuevos operadores".
La disputa se debe a que el juego en Capital mueve mucho dinero: el año pasado los bingos facturaron $287 millones (casi 100 millones de dólares). Sacando lo que se paga en premios (el 64%) y lo que se llevan los privados que los explotan (12,6%), el resto se reparte entre Lotería Nacional, la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y entidades de bien público. Claro que si el control pasa a manos de la Ciudad, Lotería Nacional dejaría de percibir su 6%.