Edición Latinoamérica
22 de Agosto de 2019

Lo definió la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad

Sólo la Justicia porteña tendrá jurisdicción sobre el juego en la ciudad de Buenos Aires

(Argentina).- Las diferencias entre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la Federal, sobre la competencia en el rubro juego en la urbe porteña, llegaron a un punto clave: la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad ratificó ayer que sólo la justicia porteña tiene facultades en este distrito, y será la responsable de definir la situación de las slots en los bingos porteños, los permisos del Casino Puerto Madero y la explotación de slots en el Hipódromo Argentino de Palermo.

L

os jueces Nélida Daniele y Eduardo Russo, con la disidencia de Esteban Centanaro, resolvieron que sólo la justicia porteña tiene facultades sobre el juego en el distrito. Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, en esta sentencia, invocan la autonomía porteña y los precedentes de la Corte Suprema, donde el Procurador General ya había dicho que, ni antes ni después de la reforma constitucional de 1994, existió atribución federal con respecto a los juegos de azar.

El conflicto de competencias por el juego no es nuevo y mantiene dividida a la jurisprudencia, a los abogados expertos y a las resoluciones judiciales. Más allá de las implicancias jurídicas, hay cuestionamientos judiciales sobre la manera en que fueron autorizados y están funcionando en la ciudad el Casino Puerto Madero, las tragamonedas en los bingos capitalinos y las que operan hoy en el Hipódromo Argentino de Palermo.

Hay razones políticas y económicas de peso que dependen de quién tome las decisiones para dirimir estos conflictos. Una de las cuestiones cruciales es que a fin de mes vencen las concesiones de las seis salas de bingo que funcionan en la ciudad de Buenos Aires. Nadie comunicó a las empresas que explotan esos juegos qué sucederá: si se les renueva el permiso que les otorgó la Lotería Nacional o si el gobierno porteño asumirá el control sobre ellos y será el que los concesione, como lo prevé la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

El apoderado de esas empresas, Rubén Lombardi, dijo: "Nadie nos dijo nada. No sabemos nada. Es una situación irregular, que preocupa a la empresa y, obviamente, a las 600 personas que hoy emplea, más las 500 que dependen de las empresas de gastronomía que funcionan en los locales. A ellos ya se les dijo que no existió ninguna comunicación oficial. La intención de la empresa es continuar, pero la decisión final es de Lotería Nacional".

Aunque están dentro del territorio porteño, los bingos funcionan con autorización de la Nación. El gobierno porteño percibe un porcentaje por la explotación de los bingos: la mitad del 18% que le corresponde al Estado; la otra la cobra Lotería, en nombre del Ministerio de Desarrollo Social.

Lombardi sostiene que hoy los bingos no son buen negocio, pero que lo serían si se les permitiera instalar tragamonedas, como estaba previsto en 1999. Pero desde ese año ése es un foco de conflicto judicial. El entonces presidente, Fernando de la Rúa, autorizó por decreto la instalación de slots en los bingos, en las agencias hípicas y en el hipódromo de Palermo. Pero el gobierno porteño (encabezado por Aníbal Ibarra) se opuso, pues en la ciudad ese tipo de juego estaba prohibido por ley.

La Justicia bloqueó el decreto de De la Rúa, a instancias de una presentación efectuada por el abogado Ricardo Monner Sans. Pero el juez federal de La Plata, Julio Miralles, por la vía de un recurso de amparo, autorizó su instalación. Durante el fin de semana en que funcionaron las empresas facturaron lo que en todo un mes con los bingos, aseguró Lombardi.

En el año 2003, y con el decreto 1.155 del presidente Néstor Kirchner, Buenos Aires se abstuvo de continuar con la acción a cambio de repartir en partes iguales el canon de explotación. Pero la Justicia porteña sigue sin autorizar la instalación de las tragamonedas. Con esta definición, la Justicia en lo Contencioso Administrativo ratificó que el gobierno porteño debe actuar conforme a la Constitución local y asumir la jurisdicción sobre el juego.

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