A través de una reforma sobre un decreto de 1941

Diputados brasileños abrirían la puerta a los bingos y al juego del Bicho

07-03-2005
Tiempo de lectura 1:36 min
(Brasil).- Está lista para ser votada en la Cámara de Diputados una reforma en el decreto de ley de 1941 (que regula los juegos de azar en el país)que concedería a los estados el derecho a autorizar y transferir a empresas privadas la explotación de las loterías y la autorización a bingos y a juegos como el Bicho.

Gracias a un intenso trabajo de lobby entre bastidores, la Cámara de Diputados de Brasil podría aprobar en los próximos días un proyecto que posibilita la liberación completa de la actividad del bingo y de otros juegos de azar, entre los que se destacan el popular y aún hoy ilegal “Bicho”.

La propuesta, elaborada inicialmente por el senador Maguito Vilela (PMDB-GO), concede a la Unión, a los estados y al Distrito Federal la posibilidad de autorizar y transferir a empresas privadas a explotación de las loterías. El proyecto ya pasó en carácter definitivo por el Senado, fue aprobado por la Comisión de Constitucionalidad y Justicia de la Cámara (CCJ) en diciembre y ahora estaría listo para entrar en la pauta del plenario para su definitiva aprobación y puesta en vigencia.

De acuerdo a lo expresado en el proyecto, cada estado brasileño va a tener el derecho de decidir sobre los permisos de juego. Esta propuesta ya había sido presentada por Vilela en el mes de marzo de 2002, pero tras su aprobación inicial en el Senado se desató la crisis que culminó con el cierre de todas las salas de bingo en el país, dejando a la iniciativa de lado. El 14 de diciembre pasado, la CCJ de la Cámara aprobó el mismo proyecto, ahora impulsado por Inaldo Leitão.

El texto de Vilela retomado por Leitão cuenta con apenas 22 líneas, pero presenta cambios sustanciales al decreto 3.688 del año 1941, y tipifica como crimen el acto de "explotar o realizar, sin la debida autorización legal, concursos de sorteos de números u otros símbolos, por medio natural o electrónico, destinados a la obtención de premios en dinero o bienes de cualquier naturaleza".

Este texto establece penas de dos a seis años de prisión, y según el presidente de la CCJ, Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ), el sentido de la ley cambia radicalmente en el párrafo siguiente, en el que señalan que es un crimen practicar juegos “sin la debida autorización”, por lo que se le permite a los gobiernos de cada estado autorizar cualquier tipo de lotería.

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