Edición Latinoamérica
22 de Septiembre de 2019

Advertencia del Poder Ejecutivo

Tomarán medidas para ordenar las salas de juego de Tucumán

(Argentina).- El ministro de Seguridad, Pablo Baillo, y su par en la cartera de Economía, Jorge Jiménez, firmaron un convenio para evitar que se generen actividades ilícitas en los locales de video póquer, y se anunciaron mayores controles y hasta clausuras de locales por parte de la Policía.

E

n las últimas semanas, el gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, pidió al ministro de Economía Jorge Jiménez que derogue las 150 licencias que autorizó el ex interventor de la Caja Popular, Juan Carlos Veiga, quien recientemente dejó su cargo en medio de las críticas y presiones del Poder Legislativo.

Tres semanas antes de renunciar, Veiga elevó a 1.000 la cantidad de máquinas electrónicas de azar autorizadas a funcionar en la provincia, y se anunció la apertura de una sala de entretenimientos con otras 1.000 slots, en terrenos del Hipódromo de Tucumán.

En ese marco, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, requirió que le informen cuántas casas de juego existen en la provincia, para determinar cuántos policías destinará a que las controlen.

Pero más allá de las críticas que recibió de la Iglesia Católica, el gobernador Alperovich asumió su decisión de no dar marcha atrás con el proyecto que prevé la instalación de un millar máquinas tragamonedas en el predio del Hipódromo, aunque en respuesta al cuestionamiento de que en torno del juego pulula toda clase de vicios, desde el Poder Ejecutivo provincial se anunció que se intensificarán los controles.

En ese sentido, “la Policía clausurará aquellas casas de video póquer en las que haya menores, se venda droga o sea ejercida la prostitución” señalaron fuentes gubernamentales. Además, los uniformados no podrán desempeñar -en forma particular o fuera del horario en el servicio público- tareas de vigilancia en aquellos establecimientos.

Paralelamente, los ministros de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, y de Economía, Jorge Jiménez (este último también es actualmente el interventor provisorio de la Caja Popular de Ahorro) se comprometieron ayer a trabajar coordinadamente y firmaron un convenio, por el cual la institución crediticia transfirió a la Policía el control sobre las casas de juego en las que funcionan 850 máquinas.

Jiménez reconoció que el acuerdo constituye una respuesta al planteo que, semanas atrás, efectuó el arzobispo Luis Héctor Villalba. “La Iglesia ya opinó. Hay que ordenar la lucha con estos controles, que antes no existían. Estas cosas no siempre conforman a todos. Pero teniendo en cuenta lo que nos reclamaban, no son medidas simples”, afirmó.

El acuerdo entre ambos ministerios será complementado con otras acciones. Los 70 policías que actualmente prestan funciones en la Caja Popular pasarán a depender de la Jefatura de la fuerza, por lo que Baillo pidió un informe sobre la cantidad de uniformados que, fuera de la función pública, cumplen tareas adicionales (consigna o custodia) en alguna casa de juego. “Quienes tengan un negocio particular deberán contratar seguridad privada”, aclaró.

En la reglamentación que rige sobre las casas de juego, ya fue incluida la cláusula que faculta a revocar la autorización del establecimiento -sin indemnización- por cuatro causas: permanencia de menores; venta o consumo de estupefacientes; ejercicio de la prostitución en los bares anexos, y lavado de dinero.

“Si creyéramos que estas cosas se dan, ya habríamos actuado. Sólo aspiramos a que no se den nunca, y a reordenar lo que hace muchos años venía sucediendo en Tucumán, para quitar la sensación (de que ocurrían) y hacer más transparente estas actividades”, manifestó Baillo. El ministro de Seguridad reconoció que los controles, que hasta ayer corrían por cuenta de la Caja Popular, no habían sido efectivos. “Por diversos motivos no pudo profundizarse en ellos como, por lo menos a mí, me hubiese gustado”, aseveró.

Baillo cree que la oposición está haciendo del manejo del juego en la provincia, el eje de una campaña electoral que se anticipó (el próximo año habrá comicios para legisladores nacionales).

Paralelamente, en Tucumán ya se ha formado una multisectorial de partidos políticos, en rechazo a la instalación de las tragamonedas. La marcha en contra de las slots, convocada por una docena de organizaciones no gubernamentales, suma apoyos en la dirigencia política. Referentes de distintos partidos conformaron ayer la Coordinadora Multisectorial Social, Política y Religiosa y decidieron adherirse a la convocatoria que llegará a la plaza Independencia el viernes a las 19.30 horas.

“Sólo habrá banderas argentinas, para expresar nuestro rechazo al modelo de sociedad que quiere imponernos el Gobierno”, informó Costanzo. La Coordinadora fijó nueve consignas para la autoconvocatoria: por la salud moral de Tucumán y la familia; contra el juego; contra el megaproyecto de instalación de máquinas de juegos electrónicos; contra la droga y la corrupción; por la transparencia de los actos de gobierno; por la defensa del trabajo; por la libertad de expresión; contra las adicciones y por el futuro de la provincia.

Desde su sector, las organizaciones no gubernamentales que convocan a la marcha contra las salas de juegos se reunirán hoy con autoridades del Ministerio de Seguridad Ciudadana a fin de solicitarles garantías del Gobierno para la movilización prevista para el viernes.

También buscarán reunirse con el vicegobernador Fernando Juri y con el defensor del pueblo, Jorge García Mena, para explicarles los alcances del reclamo contra las tragamonedas. En una reunión realizada anoche en la Biblioteca Alberdi, las ONG decidieron impulsar un proyecto de ley para prohibir los juegos de azar en toda la provincia.

Y por último, la Iglesia obtuvo el apoyo del Partido Justicialista en su posición crítica en el rubro juegos de azar: “Hoy tenemos que librar una batalla entre las fuerzas materiales y las espirituales para definir la impronta de la sociedad que queremos”, dijo el titular de la junta departamental capital del PJ, Enrique Romero, al aludir a la intención del Poder Ejecutivo de instalar 1.000 tragamonedas.

El dirigente anunció que hoy, a las 18.30, la organización política hará oficiar una misa en la iglesia La Merced “por la salud moral de los tucumanos y para que no aumenten los casinos ni las salas de juego”. Indicó que están en juego los valores religiosos y la justicia social. “Por eso pido a los hermanos mayores -los judíos- que se expresen sobre las tragamonedas”, dijo.

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