Tucumán: autorizaron 150 nuevas slots y suman una empresa al sector

Antes de renunciar, el ex interventor de la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán, Juan Carlos Veiga, amplió a 1.000 el cupo de máquinas tragamonedas autorizadas para funcionar en la provincia y distribuyó las nuevas autorizaciones entre tres de las nueve empresas que ya operaban en el mercado. También habilitó a la firma Recursos S.A. para incorporarse al rubro de los juegos de azar, operando 25 máquinas. La operación incrementará la recaudación anual de la entidad financiera en $ 675.000 (225.000 dólares) y beneficiará a empresas cuya utilidad supera, en total, los 13 millones de pesos por año (4,33 millones de dólares).

La decisión fue plasmada en dos resoluciones consecutivas fechadas el 12 de octubre. La primera se inició con una nota firmada por Jorge Eduardo Bestani, socio gerente de Recursos S.A., que solicitó que se le habilite 50 máquinas de pulso. El planteo motivó un informe de la Gerencia de Juegos, que recordó que en 2003 se había fijado por resolución en 935 el cupo de equipos. Ese total incluía 85 máquinas que estaban inactivas por un recurso de la firma Camatu S.A.

Veiga estimó conveniente llevar el cupo a 1.000 máquinas (65 más que las autorizadas por la anterior gestión). Entonces, accedió parcialmente al pedido de Recursos S.A., por lo que la firma fue autorizada a ingresar al mercado con 25 máquinas, abonando el mismo canon que las otras nueve empresas que ya trabajan en el rubro: $ 375 mensuales por máquinas de un solo puesto de juego y $ 600 por máquinas de dos o más puestos.

En la segunda resolución firmada el mismo día, el ex interventor distribuyó el cupo excedente de 125 máquinas entre las empresas Brothering S.R.L, New Star S.R.L y Novoplay S.R.L. En esa cifra incluyó las 85 máquinas de Camatu, que la empresa habría perdido por una resolución judicial.

Por otra parte, la posible instalación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo fue objetada por la Asociación de Empleados del Casino de Tucumán. Los dirigentes comenzaron contactos con distintos legisladores para que, en una futura reforma de la Constitución, se incluya una cláusula que disponga que el manejo de los juegos de azar se mantenga bajo la órbita del Estado. De esta forma se evitaría cualquier intento de privatización o de concesión.

Los gremialistas afirmaron que desde la Intervención federal que condujo Julio César Aráoz, la reiterada habilitación de nuevas casas de juego electrónico por parte de la Caja le resta público a la sala propia del Casino, como así también recaudación y resultados económicos. “Permanentemente hemos elevado proyectos, ideas y pedidos para mejorar la situación edilicia y operativa del Casino, pero no conseguimos respuestas. Con el ex interventor de la institución, Juan Carlos Veiga, hubo una ausencia absoluta de diálogo, lo que motiva nuestro reclamo público para que en el futuro la relación se revierta. El próximo interventor debe ser una persona abierta y responsable, que tenga otro tipo de relación con el gremio”, señalaron.

Entre los planteos sindicales figuran la necesidad de una inversión estatal en el departamento Casino, la normalización de la planta de personal contratado, la discusión salarial, la ampliación de la actividad a nuevos juegos de azar y el cumplimiento de los decretos emanados del PE.

“Nunca se consideró el Casino como un sector de la Caja, por lo que hay un sentimiento de discriminación”, afirmó Avellaneda. “Nos preocupa que se modifique la ley para que se instalen nuevas salas de juego”, admitió.

Por último, el vicepresidente del Concejo Deliberante de la capital, José Luis Avignone, rechazó el proyecto para instalar un local con 1.000 máquinas de tragamonedas en el Hipódromo. El concejal recordó las conclusiones de un foro sobre la incidencia de los juegos de azar en la sociedad tucumana, en el que distintos sectores advirtieron que la proliferación de la actividad ponía en riesgo las redes comunitarias y familiares de la provincia. El documento recomendó no renovar las concesiones otorgadas a particulares para la explotación de las casas de juego, y se insistió en que el Estado tenía que preservar el control y la explotación de la actividad en todos sus rubros.