El fiscal de Neuquén, Fernando Rubio, elevó esta semana al Juzgado Correccional de la ciudad de Zapala un pedido de clausura de los casinos electrónicos y salas de juego de azar de este distrito. Según el informe presentado por el abogado, la acción se sustenta en el agotamiento del plazo estipulado por la ley 2375 para el funcionamiento de este tipo de locales comerciales en el interior de la provincia.
El eje principal sobre el cual gira la presentación de Rubio es la caducidad del período de gracia que la ley 2375 le otorgó a los casinos para funcionar en cualquier localidad del interior. Esa legislación venció el 27 de diciembre del año pasado y desde ese momento las salas están funcionando sin ningún paraguas legal.
Antes de la sanción de esa norma, la presencia de los casinos dentro de la provincia estaba limitada en forma exclusiva a la capital provincial y ciudades de perfil turístico.
Según se informó, la solicitud presentada por el fiscal Rubio ingresó al juzgado la semana pasada, pero recién el martes trascendió la decisión del juez Hugo Saccocia de excusarse de actuar en la causa. El magistrado había tenido un rol decisivo en la clausura de los casinos de esta ciudad que se produjo en el año 2000, cuando se desempeñaba como fiscal de instrucción. De esta manera, el trámite recayó ahora en manos de la jueza subrogante, Silvia Grichener, quien deberá expedirse frente al pedido de la fiscalía.
Proyecto del gobierno neuquino
El Poder Ejecutivo provincial presentó ayer a la tarde un proyecto de ley, ante la Legislatura neuquina, para aprobar el funcionamiento de los casinos electrónicos en el interior de la provincia por el término de diez años.
La propuesta fue elaborada a instancias de la Subsecretaría de Finanzas Públicas cuyo titular, Marcelo Raimondo, ayer dijo que “el proyecto fue presentado porque la norma que regía su funcionamiento venció y era un tema que preocupaba a todos los municipios”.
“El vencimiento de la ley 2.375 que permitía el funcionamiento de los casinos por dos años dejó a los mismos sin norma legal que les permita funcionar, aunque muchos de ellos cuentan con la habilitación municipal”, agregó el funcionario neuquino. Raimondo también dijo que “el Ejecutivo decidió presentar el proyecto para evitar la clausura de las salas de juego debido a que esta posibilidad preocupaba a todos los intendentes”.
El segundo artículo del proyecto establece que “para adquirir el derecho a ser adjudicatario de la explotación de una sala de juegos de azar, se deberá acreditar por ante la Autoridad de Aplicación (en el plazo de noventa días corridos a partir de la sanción de la presente), la habilitación municipal para explotar salas de juegos y/o entretenimientos expedidos hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en la que expiró el plazo de la ley 2.375”.