Edición Latinoamérica
26 de Agosto de 2019

Declaraciones del titular de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería, Heriberto Castellaneta

"Falta decisión política para combatir el juego ilegal"

(Argentina).- Tras el fallo judicial que exime del pago del Impuesto al Cheque a los agencieros de Lotería de la provincia de Buenos Aires, el titular de la entidad que los agrupa cargó contra el juego ilícito, y señaló que mientras los agencieros recaudan 90 millones mensuales, se comercializan alrededor de 220 millones de pesos en el orden ilegal.

L

uego de que la Justicia Federal hiciera lugar al recurso de amparo presentado por la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería de la provincia de Buenos Aires, para declarar inconstitucional la aplicación del denominado impuesto al cheque a sus afiliados, el titular de la entidad, Heriberto Castellanetta, manifestó su satisfacción por "este fallo importantísimo", y se refirió además al juego clandestino, materia en la que el estado provincial "no ha tomado conciencia ni la decisión política de combatirlo".

La sentencia, que fue dictada por el Juez César Miralles -a cargo del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata- concluyó que el agente de lotería tiene obligación de registrar cuentas de caja de ahorro o cuentas corrientes en el Banco Provincia que, si bien lo tiene como titular, en rigor es el Estado provincial el destinatario de la recepción de los ingresos provenientes de las apuestas y de la extracción correspondiente al pago de premios.

Todo se remonta a La Ley de Competitividad, promulgada el 24 de marzo de 2001, que estableció un impuesto cuya alícuota es fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del 0,6%, y es aplicada sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria. La norma sostiene que el impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas respectivas, actuando las entidades financieras como agentes de liquidación y percepción.

"Los dineros que los agentes de lotería depositan y extraen de las cuentas -que obligatoriamente tiene que tener para poder ser agentes-, son dineros que pertenecen al Estado, ya sea porque reciben el producido de las apuestas, ya sea porque el estado paga los premios cuando el apostador tiene un acierto", explicó el abogado de la entidad que nuclea a los agencieros bonaerenses, Juan Carlos Suárez Acosta. Además, destacó que "este tipo de petitorios se ha hecho por otras cámaras de agentes de lotería del país sin resultados positivos, por eso este fallo sienta un precedente muy importante".

Por su parte, Castellaneta, indicó:"somos recaudadores del Instituto provincial de Loterías y Casinos, y a la vez, cuando nos acreditan dinero en nuestras cuentas, somos los que le pagamos a nuestros apostadores", por lo que el dinero no pertenece al agente oficial, sino que es dinero del Instituto y del apostador, señaló.

Según había explicado el Juez Miralles en los fundamentos del fallo, el perjuicio patrimonial padecido por los agentes oficiales de lotería estaba dado ante la aplicación inconstitucional de su derecho para que no le impongan las cargas impositivas por actividades que no le resultan propias, que las autoridades de aplicación se negaban a reconocer.

En relación con el juego ilegal, Castellaneta indicó que están realizando diversas denuncias judiciales "con éxito en algunos casos", como en Mar del Plata, donde "tenemos un fallo importante" que penalizó con tres años de prisión efectiva a un capitalista del juego clandestino. Además, los agencieros bonaerenses reclaman la aprobación de una ley que ya tiene media sanción en el Senado nacional y que prescribe penas importantes y multas de 400 mil pesos para capitalistas del juego clandestino. "Queremos cortar el juego ilegal en las esferas importantes; no nos preocupa el hombre que anda en la bicicleta levantado el dinero, porque gana 15 pesos por día que le sirven para sustento", manifestó.

Por último, Castellaneta señaló que mientras los agencieros oficiales bonaerenses recaudan alrededor de 90 millones de pesos mensuales en concepto de ingresos por quiniela, estudios de empresas relacionadas al juego indican que se comercializan alrededor de 220 millones de pesos por mes en el orden ilegal. Consultado sobre la acción gubernamental a los fines de enfrentar la problemática del juego clandestino, Catellaneta criticó duramente al Estado provincial al señalar que "no ha tomado conciencia ni la decisión política de combatir estas prácticas ilícitas".

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