En la Ley de Equidad Tributaria se establece el cobro de 30 mil lempiras (más de U$S 1.600) por cada máquina de video juego que se cancela en la DEI, cada cinco años.
Según trascendió, los propietarios de estos negocios se habrían negado a cumplir con la normativa porque aducen que el gobierno les impuso el cobro de tres impuestos y propugna solventar el conflicto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
“A pesar que la mayor parte de estos casinos fueron notificados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, sostiene que se trata de una doble imposición”, dijo Duarte.
Los impuestos que cobra la DEI se suma a los cargos que cobra la Secretaría de Gobernación y los que se cancelan en las alcaldías municipales por concepto de permiso de operación.