Edición Latinoamérica
24 de Octubre de 2020

Tras la firma de la Medida Preliminar

El presidente de Brasil se prepara para la "batalla legal" contra los bingos

(Brasil).- Ante la decisión gubernamental de cerrar todas las casas de bingos del país hasta tener un marco legal para su funcionamiento, los empresarios del sector ya comenzaron a entablar acciones legales en varios estados para mantener abiertas las puertas de sus establecimientos.

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a firma de una Medida Preliminar por parte del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ordenó el cierre de todos los establecimientos dedicados al bingo, los empresarios del sector comenzaron a presentar acciones judiciales exigiendo permisos y amparos que les permitan mantener abiertas sus salas. Ante este fenómeno, el gobierno se prepara para una batalla legal ante la posibilidad de una lluvia de apelaciones por parte de las casas de juegos de azar.

"No estamos jugando... podemos hasta emitir una nueva medida", dijo el ministro de Justicia Marcio Thomaz Bastos. "Vamos a mantener la prohibición hasta que el Congreso discuta la cuestión de los bingos. Para nosotros sólo hay dos alternativas: o es la prohibición o es la estatización. No existe una tercera alternativa"", añadió.

A esta situación se suma la aprobación de amparos judiciales por parte de la Justicia brasileña. Una medida colectiva fue concedida ayer en favor de la Asociación Catarinense de Bingos (Acbingo), beneficiando a diecisiete salas y a treinta y tres "videoloterías" en ese estado. Algunas salas de San Pablo ya obtuvieron permisos similares.

El gobierno ordenó el viernes pasado el cierre de todos los bingos de Brasil, al menos unos 1.100 locales, hasta tanto el Congreso discuta una ley que reglamente su funcionamiento o se decida su estatización. El ministro de Justicia explicó que el gobierno podría incluso emitir otra medida, en caso de que la primera ordenando el cierre de los bingos tenga alguna falla o brecha en su texto.

Las casas de bingo, que en Brasil dan empleo directo e indirecto a unas 300.000 personas, se constituyeron en el centro de una crisis cuando la revista Época reveló el 13 de febrero que Waldomiro Diniz, funcionario de la presidencia, aceptó en el 2002 fondos de un empresario ligado a las apuestas clandestinas. Lula destituyó al funcionario el mismo día de conocerse la denuncia.

Tras conocerse la medida del cierre de las salas, juristas de todo el país han criticado la disposición oficial asegurando que un acto del poder ejecutivo no puede anular medidas provisorias del poder judicial autorizando el funcionamiento de casas de bingo en algunos estados de Brasil. En una intrincada red de leyes, reglamentos y medidas provisorias, las casas de bingo fueron autorizadas en 1998. Pero en el 2000 parte de la normativa fue revocada, dejando el juego de azar en una zona gris que fue resuelto en algunos estados de Brasil con medidas judiciales provisionales.

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