Edición Latinoamérica
12 de Julio de 2020

Devuelven el proyecto que bajaba los impuestos al juego en Venezuela

El alcalde Francisco Cabrera se negó a firmar la reforma por no estar de acuerdo con la rebaja de los tributos que tienen que pagar los bingos, casinos, salas de juego y bancas de triples y terminales que operan en el municipio.

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al y como se esperaba, el alcalde Francisco Cabrera devolvió al Concejo Municipal el polémico Proyecto de Reforma a la Ordenanza sobre Impuestos a Juegos y Apuestas Lícitas, el cual incluía una reducción de la alícuota del 10 al 4 por ciento a esta actividad.

La determinación de Cabrera, quien es la máxima autoridad de la rama ejecutiva y presidente del Concejo Municipal, fue anunciada este martes, mediante un boletín emanado de la Dirección de Información y Comunicación de la Alcaldía de Valencia.

Esta fue la respuesta que dio el mandatario local, luego de cumplido el lapso legal para que él le pusiera el ";ejecútese";. La cámara municipal le envió la ordenanza reformada el 23 de septiembre para que le pusiera la firma.

Lo que argumenta el alcalde para negarse a firmar es que los concejales no tomaron en cuenta sus observaciones. El no está de acuerdo con rebajar los tributos a bingos, casinos, salas de juego y bancas de triples y terminales que operan en el municipio Valencia.

La notificación de la devolución la hace el alcalde al vicepresidente del Concejo Municipal, Pablo Montoya, a través del oficio Nro. 00690, de fecha 26 de septiembre de 2003.

El pasado 5 de agosto, los trece concejales de Valencia sorprendieron a la opinión pública con la aprobación de dicha ordenanza, que establece una reducción del 60 por ciento de los impuestos a juegos y apuestas lícitas en el municipio.

Los concejales alegan que se basaron en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el cual fija el cobro del cinco por ciento de impuestos a los juegos y apuestas lícitas de carácter nacional, mientras que las salas de bingo y casinos tienen como fin el lucro de sus accionistas, ";por lo cual la alcaldía está facultada, de acuerdo con la Constitución y esa ley, a cobrar hasta un 10 por ciento";.

La reforma hecha provocó críticas por parte de los sectores culturales, gremios e instituciones de Valencia y, además, lesiona los ingresos de la Fundación para la Cultura y del Fondo Socio-Cultural de la ciudad.

El 16 de septiembre, los concejales sesionaron nuevamente para rechazar las observaciones del alcalde y acordaron enviarle el proyecto para que le pusiera el ";ejecútese";, cosa que no hizo.

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