Edición Latinoamérica
15 de Septiembre de 2019

La Lotería cordobesa deberá pagar una deuda millonaria

La Justicia decidió que la Municipalidad de Córdoba debe recibir casi 64 millones de pesos de Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, por el no cumplimiento de pagos municipales e intereses desde 1998.

E

l Juzgado Civil y Comercial de 47° Nominación dispuso que Lotería de Córdoba Sociedad del Estado debe pagarle casi 64 millones de pesos (más de 22 millones de dólares) a la Municipalidad de Córdoba para saldar la deuda que registra por no cumplir nunca desde su constitución con la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. La cifra equivale a lo que el municipio recauda en tres meses y medio.

La sentencia, firmada por el juez Manuel Maciel hace tres semanas, establece que la Lotería debe pagar 31,6 millones en concepto de capital y -aunque morigera las aspiraciones comunales- también ordena el pago de 32,2 millones en concepto de intereses. En cambio, rechaza el reclamo municipal por punitorios y multas.

La demanda fue presentada hace 10 meses por la Municipalidad de Córdoba, que exigió el pago de 82,9 millones. Ahora, la causa fue elevada a la Cámara 1° en lo Civil y Comercial, en virtud de que la sentencia fue apelada por el municipio -que sigue reclamando el pago de punitorios y multas- y también por los representantes de la Lotería, quienes insistieron en que la entidad está exenta del pago de tributos municipales.

El fallo fue festejado en la Municipalidad de Córdoba. Además, desde el despacho de Germán Kammerath advirtieron que la sentencia se refiere sólo al período abril de 1998-octubre de 2002. Desde entonces, la Lotería ya habría acumulado otros 17 millones de pesos de deuda, una cifra muy cercana a lo que todos los cordobeses le pagan cada mes al municipio.

Hasta marzo de 1998, la Lotería estuvo en manos del Banco Social y se encontró exenta de impuestos. Cuando esa entidad se disolvió y los juegos de azar pasaron a manos de una Sociedad del Estado, la Provincia y el municipio comenzaron a discutir respecto a la situación tributaria de la “nueva” Lotería. Dos días antes de partir, la gestión del ex intendente Rubén Martí determinó que el organismo -pese a pertenecer al Estado y destinar sus utilidades a la acción social- debía pagar impuestos.

Mientras Kammerath y el gobernador José Manuel de la Sota fueron socios, el municipio nunca hizo valer su derecho a cobrarle a la Lotería. Pero desde principios de 2002 -tras el divorcio definitivo entre el peronismo y la Ucedé- el enfrentamiento político tuvo su correlato en una millonaria pelea judicial encarada por el municipio.

El frente judicial abierto por Kammerath incluyó el reclamo tributario a la Lotería, y también una presentación contra la Provincia ante el Tribunal Superior de Justicia. Esa causa es por una diferencia de coparticipación de fondos nacionales que estaría perjudicando a la ciudad, y aún no fue resuelta.

A la hora de expedirse sobre la sobre la demanda contra la Lotería, el juez Maciel consideró que no le corresponde definir si la Sociedad del Estado está exenta de pagar impuestos municipales o no, ya que eso deberá decidirse en otro juicio: una demanda contencioso administrativa entablada por la Lotería. El magistrado entendió que mientras esa causa no esté resuelta, debe entenderse que la Municipalidad de Córdoba tiene derecho a cobrar. Igualmente, desestimó otros argumentos de la defensa vinculados al cálculo de la deuda.

En cambio, consideró correcto el planteo de la Lotería en lo que respecta a la multa del 60 por ciento que el municipio aplicó sobre el capital adeudado. “Constituye un acto abusivo y antifuncional (...) no se advierte la razonabilidad de la sanción impuesta, máxime cuando al aplicarse intereses moratorios ya se está sancionando al incumplidor”, dice el fallo, al justificar el rechazo al reclamo municipal en concepto de multas.

El juez también fijó las costas, que deberán ser pagadas en un 70 por ciento por la Lotería y en un 30 por ciento por el municipio. Los honorarios de los representantes comunales, el Asesor Letrado Martín Roldán, el ex vocal del Tribunal Superior Adán Ferrer y Alejandro Orchansky, fueron fijados en una cifra superior a 1,5 millón de pesos. En tanto, los de los defensores de la Lotería -Julio Altamira Gigena y Carolina Altamira- ascienden a más de 400 mil pesos.

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