Edición Latinoamérica
26 de Mayo de 2019

La CTPR fija un tope de 10 slots por local y deben estar a más de mil metros de casinos

Presentan en Puerto Rico el reglamento de tragamonedas fuera de casinos

Presentan en Puerto Rico el reglamento de tragamonedas fuera de casinos
Carla Campos, directora de la CTPR: "El próximo paso para cumplir con los requisitos que establece la ley es presentar el reglamento operacional y los procesos que deben ser implantados antes del 10 de abril".
Puerto Rico | 13/02/2019

El texto de la Compañía de Turismo atravesará un proceso de vistas públicas. De aprobarse, las máquinas podrán estar a 100 metros o más de otros negocios con slots, escuelas e iglesias. Un dueño mayorista podrá tener entre 100 y 250, pagando una licencia anual de USD 1.500 por cada una. Los premios tendrán un límite de mil dólares, y pagan un impuesto del 2% desde los primeros USD 500. La Asociación de Hoteles y Turismo criticó el reglamento: "Crea una competencia desleal".

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a Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) presentó el documento que establece las reglas de juego para la legalización de 25.000 tragamonedas que operarán fuera de los casinos, aprobada en la reforma contributiva a fines de año pasado.

De acuerdo con el reglamento, que ahora debe atravesar un proceso de audiencias públicas, los locales que tengan estas máquinas de juegos de azar deben cumplir con una serie de requisitos. Las prohibiciones incluyen que no podrá haber más de 10 tragamonedas en un establecimiento, no podrán estar ubicadas en la parte de afuera del comercio y no pueden estar a menos de 1.000 metros de un hotel con casino.

Sin embargo, podrán estar a 100 metros o más de otros negocios con tragamonedas, escuelas, iglesias “o congregación que aspire al sosiego espiritual”. A pesar del límite de máquinas por local, el reglamento sí permite a un dueño mayorista tener entre 100 y 250 tragamonedas bajo su nombre, según informa el diario local El Vocero.

Otra de las disposiciones ordena que “es indispensable que estas máquinas no representen el único ni el mayor ingreso de actividad comercial del establecimiento, por lo que para ser considerado como negocio, deberá contar con otras actividades comerciales a fin de que los ingresos generados por las máquinas sean un complemento y no la fuente principal de ingreso de dicho establecimiento”.

El reglamento, radicado el lunes pasado en la Cámara baja y el Senado, establece que los premios para los jugadores tendrán un límite de USD 1.000. Estos premios pagan un impuesto del 2% al Departamento de Hacienda luego de los primeros USD 500.

La legalización de las tragamonedas fuera de los casinos fue incluida en la reforma contributiva. Uno de los cambios más significativos es que dispone la supervisión y manejo de estos negocios bajo la órbita de la Compañía de Turismo y no del Departamento de Hacienda, como era hasta ahora. El reglamento establece que las máquinas deben operar con un permiso de Turismo, lo que implicaría que los permisos que otorgó Hacienda con anterioridad deben ser cambiados por los nuevos. El reglamento le otorga a Turismo la potestad de “desviarse” del mismo “cuando su estricto y literal cumplimiento derrote su propósito”.

Los negocios que soliciten permiso para tener estas máquinas deben presentar documentos como evidencia del pago de patente municipal, certificación negativa de deuda con Hacienda, certificación de que sometieron la planilla por los últimos cinco años y certificaciones negativas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y de la Administración para el Sustento de Menores (Asume).

Los dueños mayoristas de estas máquinas deberán pagar una licencia anual de USD 1.500 por cada máquina, mientras que las licencias de los fabricantes y proveedores de servicios para las tragamonedas pagarán una licencia de USD 3.000 cada dos años. Además, el reglamento permite imponer multas desde USD 5.000 a USD 10.000.

Por otra parte, la directora de la CTPR, Carla Campos, recordó que este reglamento, antes de convertirse en definitivo, atravesará un proceso de vistas públicas, “lo cual permitirá obtener insumos y recomendaciones para la optimización del mismo previo a su eventual aprobación”.

“El próximo paso para cumplir con los requisitos que establece la ley es presentar el reglamento operacional y los procesos que han de ser implantados en o antes del 10 de abril del año en curso”, detalló Campos en declaraciones escritas.

Por su parte, Miguel Vega, presidente del Comité de Casinos de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA), criticó el reglamento y puso en duda que este proyecto sea “revenue (ingresos) neutral”, como sugirió la Junta Federal de Control Fiscal. Argumentó que los gastos de legalizar estas máquinas no se comparan con lo que pagan los casinos.

“Crea un esquema de competencia desleal donde los requisitos solicitados son mínimos comparados a los casinos tradicionales, incluyendo la falta de cumplimiento con leyes federales de banca, lavado de dinero y verificación de historial personal, familiar y financiero”, cuestionó Vega en declaraciones citadas por El Vocero.

“Además, el proceso de colocar las licencias individuales y monitorear la distancia del establecimiento de máquinas no solo es impráctico, sino que obligaría a la División de Juegos de Azar a aumentar sus gastos operacionales”, aseguró. Indicó que lo que gasta un casino en la licencia de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) es 13 veces más de lo que costarán estas máquinas.

“El reglamento permite el pago de premio hasta USD 1.000, por lo que no cabe la menor duda, y como hemos señalado anteriormente, y sustentado por el reporte de Spectrum, que se canibalizarán los ingresos de los casinos ya que el jugador sabe que puede recibir un premio legal”, concluyó.

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