De acuerdo con la indagatoria, el inmueble no contaba con ningún permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para el funcionamiento como casino, en probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, según detalla la PGR en un comunicado.
A partir de investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), se ejecutó una orden de allanamiento otorgada por un juez de Chihuahua, con presencia de peritos en materia de electrónica y telecomunicaciones.
Por estos hechos, los objetos fueron puestos a disposición de la autoridad federal para los fines legales que determine.